¡No tienen llenadera! La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya bautizada como “la corte del acordeón”, pisoteo el Estado de Derecho al aprobar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda congelar cuentas bancarias por sospechas fundadas de delitos financieros sin necesidad de orden judicial previa.
Esta medida abre la puerta a posibles abusos de poder, afectaciones al patrimonio de ciudadanos y empresas y un retroceso en las garantías constitucionales, advierten expertos.
Nueva facultad de la UIF para congelar cuentas
El diputado del PAN Héctor Saúl Téllez señaló que esta determinación representa un grave retroceso para la certidumbre jurídica y el Estado de Derecho.
El legislador advierte que al otorgar esta capacidad a la UIF, se convierte en un instrumento para castigar patrimonialmente a personas sin un proceso legal previo, lo que califica como una práctica autoritaria para silenciar a los opositores.
“Hoy hay retrocesos graves al Estado de derecho, pero sobre todo a la certeza jurídica de las personas en su patrimonio, en sus cuentas bancarias”, señaló el legislador.
Riesgo de persecución política y quebrantamiento de la presunción de inocencia
Es un auténtico garrote al servicio de la cúpula del periodismo para atacar a adversarios políticos al estilo de Hugo Chávez.
El senador priista Rolando Zapata señaló que esta facultad puede usarse para perseguir a adversarios o para lesionar valores democráticos, pues se contrapone de manera directa con el principio constitucional que establece que nadie puede ser molestado en sus bienes sin una orden judicial.
A esta crítica se suma la preocupación de juristas, como el abogado Moisés Segovia, para quien México está pasando de un modelo donde se investiga primero para justificar un bloqueo, a uno donde se bloquean cuentas para investigar después.
¿Qué pasa si se le congelan las cuentas a un ciudadano o a una empresa?
Uno de los puntos más delicados, según los expertos, es que el proceso para recuperar el dinero puede convertirse en un auténtico laberinto legal.
El afectado tiene derecho a aclarar el origen de los recursos en un plazo de 10 días, pero las autoridades no están obligadas a resolver con la misma rapidez. De hecho, puede tardar meses en desbloquearlo.
La pregunta obligada es:
- ¿Por cuánto tiempo podrá un negocio subsistir sin que su capital tenga acceso a él?
- ¿De cuántos meses de gastos sin ingresos disponibles puede sostener una familia?
Mientras tanto, toda la carga probatoria recae sobre el ciudadano, lo cual, según especialistas, vulnera la presunción de inocencia.
Segovia aclara que, incluso con audiencia, no hay garantía real de que la cuenta sea desbloqueada pronto o de forma efectiva.
Si la UIF “ya funcionaba bien”, ¿para qué se le van a dar más facultades?
Otro punto que ha causado cuestionamientos es que el propio Gobierno federal dijo que la UIF estaba trabajando de manera eficiente.
Desde octubre de 2024 se han congelado alrededor de 5 mil millones de pesos en cuentas vinculadas a actividades ilícitas como narcotráfico, lavado de dinero y operaciones de cuello blanco.
Los críticos señalan que no era necesario otorgar una facultad tan amplia y con tan pocos contrapesos, si ya existían mecanismos funcionales.
