La Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRB, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos impulsó una nueva norma, que habría entrado en vigor el lunes 11 de marzo, pero que un juez federal de Texas bloqueó en el estado. El proyecto pretendía facilitar que los empleados de grandes empresas formaran sindicatos y modificar los estándares establecidos en el terreno laboral en cuanto a lo legal.
Trabajadores de Huatulco preocupados por decreto presidencial
La ley actual de la NLRB, que se aprobó en el 2020 durante una junta en la que predominaron los republicanos, consigna que una empresa grande no se considera un "empleador conjunto" para todos sus trabajadores, ya que algunos son empleados de manera directa por las franquicias. La nueva norma pretendía ampliar este concepto para que todos se incluyeran dentro de este grupo y pudieran influir en las decisiones de las condiciones laborales.
Te puede interesar: Esta iniciativa podría terminar con el cambio de horario en California
¿Qué implican las negociaciones laborales que se incluyen en la norma de la NLRB?
Las condiciones laborales que se incluirían en la negociación de los empleadores conjuntos son desde los salarios hasta los beneficios, el horario, la asignación de tareas, las reglas de trabajo y la forma de contratación.
El juez federal de Texas J. Campbell Barker determinó la semana pasada que esta norma no entraría en vigor el lunes 11 de marzo, como estaba previsto, al considerar que excedería los límites del derecho consuetudinario.
Te puede interesar: Las mejores ciudades para encontrar empleo en Estados Unidos en el 2024
Esto sucedió tras la demanda a un tribunal del Distrito Este de Texas que se presentó en noviembre del 2023, por parte de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento, la Asociación Internacional de Franquicias y la Federación Nacional de Minoristas, que solicitó que se bloqueara la norma en cuestión, al alegar que modificaría los estándares estipulados durante años y que implicaría que las empresas sean responsables de los trabajadores que se desempeñan en lugares de trabajo que no son de su propiedad.
