El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y parte de la cúpula dirigencial fueron procesados en una causa por presunto fraude fiscal. La resolución fue firmada por el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien también ordenó embargos por $250,000 dólares y mantuvo restricciones como la prohibición de salida del país para Tapia y Pablo Toviggino.
Lo más importante en esta etapa es entender de qué se acusa exactamente a los dirigentes. Según la causa, la Asociación del Fútbol Argentino habría retenido tributos y recursos de la seguridad social, pero no los habría depositado dentro del plazo legal de 30 días, una conducta que la Justicia encuadra como apropiación indebida, tributos y seguridad social. La investigación sostiene que esos fondos fueron retenidos entre 2024 y 2025 y que el monto reclamado supera los $13 millones de dólares.
¿Cuál es el caso judicial contra la AFA y sus dirigentes?
El expediente nació a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA, el organismo fiscal argentino. De acuerdo con esa presentación, la AFA actuó como agente de retención y percepción, pero no transfirió en tiempo y forma los importes correspondientes al fisco y a la seguridad social, pese a que, según el juzgado, existía disponibilidad de fondos en las cuentas de la entidad.
La resolución judicial, de acuerdo con el contenido difundido por medios que accedieron al fallo, atribuye a Tapia y a Toviggino una intervención material en la administración y priorización de pagos. En el caso del presidente de la AFA, el juez remarcó su papel como representante legal de la entidad y su posición central en la toma de decisiones; sobre el tesorero, destacó su firma en cheques y su capacidad operativa sobre las cuentas de la asociación.
Además del procesamiento de Tapia y Toviggino, la medida también alcanzó a otros nombres relevantes del organigrama de la AFA. Fueron incluidos el secretario general Cristian Malaspina, el exsecretario Víctor Blanco Rodríguez y el director general Gustavo Roberto Lorenzo, todos mencionados dentro de la causa por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.
En paralelo, la persona jurídica de la AFA también fue procesada. El juez dispuso un embargo de $250,000 dólares sobre la entidad y describió una mecánica reiterada en decenas de hechos vinculados a tributos y aportes previsionales, una señal de que la causa no apunta solo a decisiones aisladas, sino a un esquema que la Justicia considera sistemático.
Claudio Tapia niega cargos en su contra
Pese al fuerte impacto de la medida, Tapia ha sido enfático en rechazar cualquier conducta ilegal. El 12 de marzo presentó un escrito ante la Justicia en el que afirmó su “absoluta falta de intervención, injerencia o poder de decisión” en los aspectos que la denuncia considera delictivos, y además negó que dentro de la entidad se hubiera cometido delito alguno.
Esa postura es clave para leer el momento actual del caso. El procesamiento no equivale a una condena, sino a una decisión judicial que considera que existen elementos suficientes para avanzar a una etapa posterior, mientras la defensa ya anticipa apelaciones y sostiene que la deuda estaba cancelada o regularizada, aunque el juez respondió que el delito se configuraría por no haber pagado dentro del plazo legal.
La propia defensa de la AFA cuestionó el fallo con dureza y adelantó que buscará revertirlo ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico. En ese punto, la discusión jurídica gira sobre dos ejes: si existió realmente una maniobra deliberada para retener fondos y si la posterior regularización de la deuda puede modificar la lectura penal de los hechos.
Todo esto ocurre mientras el fútbol argentino vuelve a quedar bajo una fuerte presión institucional. La causa por fraude fiscal contra la AFA pega de lleno en la figura de Tapia, uno de los dirigentes más poderosos de la región, pero también abre un debate más amplio sobre el manejo administrativo del campeón del mundo.
