Cuando un error o miedo te deja sin hogar. Eso le pasó a una mujer latina que llamó al 911 cuando su novio presentaba un episodio de Salud Mental; la policía llegó antes que los paramédicos , lo arrestó y al día siguiente la mujer recibió una notificación de desalojo por haber violado una ordenanza denominada “Comunidades sin Crimen” implementada en la comunidad de Hesperia en el Condado de San Bernardino en California.
Dicha ley da permiso a propietarios desalojar a inquilinos que la policía tenga sospecha que estuvieron involucrados en actividad criminal en un lugar específico o cerca de una propiedad; sin importar si se levantan cargos o no e incluso sin haber un arresto.
Ordenanzas similares están en efecto en dos mil comunidades en al menos 48 entidades en Estados Unidos. El problema es que de acuerdo al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano; afroamericanos y latinos son los más afectados con dicha enmienda. En el Sur de California más del 70 por ciento de los desalojados representaban estos dos grupos; menos del 30 por ciento fueron blancos.
Tras una investigación el Departamento de Justicia entabló una demanda en el 2019 contra el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino y contra la ciudad de Hesperia por violar el Acta de Vivienda Justa (Fair Housing Act ) y el Titulo VI del Acta de Derechos Civiles de 1964.
“El programa ‘crime free’ dejaba que inquilinos fueran desalojados de sus departamentos solo por sospecha de haber estado en una actividad criminal, no se necesitaban pruebas de que la persona había sido arrestada, solo la sospecha y eso es una violación a nuestra leyes federales” indicó el Fiscal del Distrito de California - Estrada “El derecho a una vivienda justa es fundamental y no debe ser violado”.
Como parte de la resolución del caso, la ciudad de Hesperia ha revocado la ordenanza y modificado los requisitos de Licencia de Negocios de Renta . El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino dejará de esforzarse dicha ordenanza y ambas entidades tendrán que compensar económicamente a los individuos afectados para lo que se ha destinado un fondo de 670 mil dólares; otros 95 mil dólares serán usados en una campaña de mercadotecnia y publicidad para promover la vivienda justa en Hesperia y 85 mil dólares adicionales serán usados para hacer alianzas con organizaciones comunitarias, propietarios de viviendas, administradores entre otros para educarlos sobre los cambios a la ordenanza.
A pesar de este logro, aún quedan muchas comunidades que podrían estar implementando ilegalmente la política de Comunidades sin Crimen. “Las jurisdicciones deben tomar nota de esto; vamos a continuar trabajando para eliminar prácticas discriminatorias de viviendo en todo el país” indicó Kristen Clark Fiscal Adjunto de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
Actualmente en la legislatura de California hay una propuesta de Ley AB 1418 que busca dar alguna tipo de protección a familias, haciendo opcional para un propietario hacer una revisión de historial criminal a posibles inquilinos; desalojar inquilinos solo por una presunción de acto ilícito o crimen, y si algún miembro de una familia es condenado por un delito grave que eso no sea justificación para desalojar al resto de la familia de una vivienda, entre otras cosas.
Propietarios de viviendas, corporaciones policiacas y algunos políticos están a favor de Comunidades sin Crimen; porque justamente dicen es una manera de ‘asegurar’ la tranquilidad de residentes especialmente en zonas donde hay presencia de pandillas ; pero de acuerdo a organizaciones como National Housing Law Project- una agencia nacional que busca la equidad en las oportunidades para vivienda dice, bajo esas premisas existe mucha discriminación especialmente entre minorías como latinos y afroamericanos.