La aplicación de exámenes de control de confianza, tales como pruebas toxicológicas, médicas y de polígrafo, a jueces y magistrados locales viola la independencia judicial, así lo determinó la Corte.
Al analizar el caso Jalisco, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que la Constitución ordena a los estados garantizar la autonomía de los juzgadores, estableciendo condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los poderes judiciales estatales.
“El sistema de evaluación de control de confianza previsto en la legislación del Estado de Jalisco hace depender la estabilidad en el cargo del resultado de evaluaciones que no corresponden a reglas de responsabilidad administrativa, único supuesto en el que un juez puede ser separado de la función”, concluyó la Corte.
A propuesta del ministro Fernando Franco se expuso que los juzgadores sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que fijen las constituciones y las leyes de responsabilidad de los servidores públicos.
Los jueces deberán ser evaluados en su desempeño principalmente
“Las evaluaciones de control de confianza pueden ser aplicables a servidores públicos de corporaciones o instituciones de seguridad pública.
Además de que existe un sistema normativo federal y local sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de anticorrupción, desde luego, aplicable a juzgadores quienes deberán ser evaluados por su desempeño, fundamentalmente”, se determinó.
La Corte resolvió este miércoles tres amparos promovidos por jueces y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco en contra del decreto para que lo juzgadores se sometan a exámenes de control de confianza.
