El dirigente nacional del Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”, aseguró que tanto autoridades federales como locales han priorizado el cuidado de su imagen por encima de atender de fondo el fenómeno de las personas desaparecidas. Según su postura, no existe una estrategia clara ni voluntad política suficiente para enfrentar una crisis que, afirmó, sigue creciendo.
Además, desde el partido tricolor rechazaron cualquier tipo de confrontación con colectivos de madres buscadoras, quienes han encabezado las labores de localización ante la ausencia de resultados por parte de las instituciones. También criticaron la postura de las autoridades frente a informes internacionales, señalando que no deben ser minimizados ni descalificados.
Llamado desde la Cámara de Diputados por desaparecidos
Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado directo al Gobierno Federal para que reconozca la magnitud de la crisis y actúe en consecuencia.
Durante una conferencia, subrayó que más de 132 mil personas permanecen desaparecidas en el país, una cifra que —dijo— no puede reducirse a estadísticas, pues detrás hay historias, familias y exigencias de justicia. Insistió en que negar o minimizar esta realidad solo prolonga la impunidad.
Intervención internacional como oportunidad
López Rabadán también se refirió a la reciente solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada para que la Organización de las Naciones Unidas aborde de manera urgente la situación en México.
Lejos de verlo como una señal negativa, la legisladora consideró que esta intervención representa una oportunidad para que el país acceda a mecanismos internacionales de cooperación técnica, financiamiento y asesoría especializada que permitan fortalecer las investigaciones.
En ese contexto, destacó la urgencia de mejorar las capacidades forenses, ya que actualmente existen alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar, una cifra que ha aumentado significativamente en los últimos años. A esto se suma el hallazgo de más de 4 mil 500 fosas clandestinas en distintas regiones del país.
Familias, las que buscan ante la ausencia del Estado
Otro de los puntos que enfatizó fue el papel de las familias de las víctimas, quienes han tenido que asumir tareas de búsqueda que corresponden al Estado. Esta situación, señaló, evidencia una deuda institucional profunda.
Finalmente, advirtió que organismos internacionales han identificado indicios de que las desapariciones en México podrían constituir crímenes de lesa humanidad, al tratarse de prácticas que, en algunos casos, se presentan de manera sistemática o generalizada contra la población civil.
Ante este panorama, el llamado es claro: reconocer la gravedad del problema, fortalecer las instituciones y garantizar verdad, justicia y reparación para miles de familias que siguen esperando respuestas.
