Una nueva red de favoritismo e impunidad dentro del actual gobierno quedó al descubierto tras revelarse que Cristian Julián Cazarín Meza, quien se declaró culpable en octubre de 2023 ante una corte de Estados Unidos por violar la ley de prácticas corruptas y servir de intermediario en sobornos millonarios para beneficiar a la comercializadora Vitol en contratos con Pemex, continuó haciendo negocios lucrativos en territorio mexicano sin que las autoridades frenaran sus operaciones comerciales.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad presentada en exclusiva por Azteca Noticias, la Secretaría de Marina le concedió a su empresa constructora diversos convenios por más de 33 millones de pesos destinados a trabajos de mantenimiento en la aduana de Tampico, Tamaulipas, un punto estratégico marcado por el tráfico ilícito de combustibles. Estos acuerdos económicos fueron entregados a pesar de que el empresario ya había aceptado su culpabilidad formalmente ante la justicia estadounidense por tramas que implicaron triangulación de recursos y empresas fantasma.
A esta red de adjudicaciones se sumó el gobierno de Veracruz durante la administración de Cuitláhuac García, el cual otorgó a su compañía contratos por más de 111 millones de pesos para la prestación de servicios ambientales y de recolección de residuos. Esta serie de convenios oficiales demuestra cómo las instancias gubernamentales continuaron beneficiando financieramente al artífice de una de las redes de corrupción internacional más grandes vinculadas al sector energético nacional, consolidando un patrón de tolerancia institucional hacia perfiles con antecedentes judiciales en el extranjero.