El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó la "determinación de riesgo" emitida en 2009 por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), que establecía que los gases de efecto invernadero representan una amenaza para la salud pública. Ese dictamen había sido la base legal para regular las emisiones contaminantes bajo la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act), particularmente en sectores como el automotriz y el energético.
Con esta decisión, la administración elimina el fundamento jurídico que permitió imponer límites federales a la contaminación climática durante casi dos décadas. El administrador de la EPA, Lee Zeldin, defendió la medida como una acción de desregulación que busca reducir cargas económicas a la industria, mientras que Trump la calificó como una de las mayores acciones desregulatorias en la historia del país.
The Trump EPA will always adhere to its statutory authority, and EPA does NOT have statutory authority under the Clean Air Act to regulate greenhouse gas (GHG) emissions from new motor vehicles and engines. That’s why EPA has now rescinded the Obama EPA’s Endangerment Finding and…
— David Fotouhi (@epa_fotouhi) February 12, 2026
Expertos y organizaciones ambientales advirtieron que la eliminación de la determinación de riesgo podría debilitar la capacidad del gobierno federal para establecer estándares de emisiones en el futuro y anticiparon que la medida enfrentará desafíos legales. La decisión marca el retroceso más relevante en política climática federal desde que se estableció el marco regulatorio contra el calentamiento global en 2009.
¿Qué implica revocar la "determinación de riesgo"?
La determinación de riesgo permitió que la EPA estableciera estándares obligatorios para reducir emisiones de dióxido de carbono, metano y otros gases vinculados al calentamiento global. A partir de ese dictamen se diseñaron límites para automóviles, plantas eléctricas y grandes industrias.
Sin esa base legal, la autoridad de la Agencia para regular gases de efecto invernadero queda seriamente limitada. Expertos en derecho ambiental, citados por agencias internacionales de noticias, señalan que cualquier nueva norma climática federal podría enfrentar obstáculos judiciales si no existe una determinación científica que sustente el peligro para la salud pública.
¿Cuáles son las implicaciones legales y políticas?
La revocación forma parte de una estrategia más amplia de la administración de Donald Trump para reducir regulaciones ambientales y priorizar la competitividad industrial. La Casa Blanca sostiene que las normas derivadas de la determinación de riesgo encarecían la producción y afectaban a la industria automotriz.
Sin embargo, organizaciones ambientales y varios estados anticiparon que impugnarán la medida ante tribunales federales. Argumentan que la evidencia científica sobre el impacto del cambio climático en la salud (incluyendo olas de calor extremo, incendios forestales y eventos meteorológicos severos) sigue vigente y no ha sido refutada.
¿Qué sigue?
La decisión abre un nuevo frente legal que podría llegar nuevamente a la Corte Suprema, como ocurrió en disputas anteriores sobre el alcance de la Ley de Aire Limpio.
Mientras tanto, estados como California podrían mantener sus propios estándares de emisiones, lo que genera un escenario regulatorio fragmentado en el país.
