El Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), resolvió en la Sesión Pública de la Sala Superior de este miércoles, que Erick Herzain Torres Mulhia, exfuncionario de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), deberá pagar 41 millones, 313 mil 943 pesos con 74 centavos, por uno de los cargos de la llamada “Estafa Maestra”, en la que participó la institución educativa.
El Magistrado Víctor Martín Orduña, expuso que son infundados los argumentos de Torres Mulhia, exdirector del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT) de la UAEM.
Tribunal validó 44 evidencias contra exfuncionario de la UAEM
Agregó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estudió de manera global el material probatorio en el que sustentó la existencia de la responsabilidad resarcitoria a cargo del exfuncionario.
Según la ponencia del Magistrado Orduña, la ASF “describió y analizó el contenido de cada una de las 44 pruebas enlistadas, así como los hechos que se desprendían de las mismas”, en la llamada “Estafa Maestra”.
Exdirector subcontrató empresas en la llamada “Estafa Maestra”
El Magistrado agregó, que se concluyó que el actor es responsable de causar un daño a la Hacienda Pública Federal por 41 millones, 313 mil 943 pesos, con 74 centavos, derivado de subcontrataciones con empresas.
En la Sesión Pública del TFJA, se explicó además que cuando Torres Mulhia fungía como Director General, celebró un contrato fechado el 15 de noviembre de 2013 con Banobras, a nombre de FONDICT-UAEM y en una de las cláusulas se acordó que el exfuncionario “sería el responsable de dar el debido y oportuno cumplimiento a las obligaciones contraídas por el FONDICT mediante el contrato, por lo que resulta inconcuso que la omisión en dicho incumplimiento es atribuido al accionante”, es decir, que no admite duda la responsabilidad del exfuncionario.
¿QUÉ ES LA ESTAFA MAESTRA?
Es una trama de corrupción en la que presuntamente el gobierno federal utilizó a 128 empresas “fantasma” para desviar más de 400 millones de dólares, que involucró a 11 dependencias del Estado, ocho universidades públicas, diversas empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno. Esta red de corrupción se descubrió en un informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre las cuentas públicas del gobierno federal en 2013-2014.
