La abogada y analista política Mónica Calles denunció ser víctima de una persecución de Estado orquestada por funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy. La controversia inició tras representar a una extrabajadora del organismo electoral y difundir en redes sociales grabaciones que evidenciaban presuntas anomalías en la diligencia. En respuesta, autoridades federales le fabricaron acusaciones por presuntas amenazas y desacato, escalando la presión institucional al solicitar la eliminación total de sus plataformas digitales para silenciar su labor de denuncia.
El caso ya escaló al Senado de la República, donde se registró un punto de acuerdo para exhortar formalmente al INE y a la FGR a actuar con estricta objetividad e imparcialidad ante las desproporcionadas medidas cautelares promovidas contra la litigante. La analista expresó que no tiene miedo sino preocupación por el intento de censurar a periodistas y ciudadanos mediante el uso de las instituciones públicas, calificando como una contradicción autoritaria que el organismo garante de la democracia recurra a la represión penal para acallar a las voces disidentes.