Tras quedar al descubierto la red de favores con proveedores del INE que incluyó viajes VIP a París para sus hijos, Guadalupe Taddei recurrió a la clásica estrategia del oficialismo: renunciar al cargo y bajar el perfil para buscar impunidad. Representantes del PRI y el PAN advirtieron que su dimisión no la exime de responsabilidades penales por delitos como cohecho, tráfico de influencias y ejercicio abusivo de funciones, los cuales suman condenas de casi 50 años de cárcel, exigiendo que la Auditoría Superior de la Federación acelere las pesquisas e investigue a todo el clan familiar enquistado en la nómina pública.
Sin embargo, el manto de protección sobre Morena mantiene un patrón recurrente de impunidad en el país. Desde figuras como Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza, señalados por nexos con el crimen organizado, hasta Adán Augusto López, Ignacio Ovalle tras el desfalco en Segalmex, o Gonzalo “Bobby” López Beltrán por la tragedia del Tren Interoceánico, todos han aplicado la misma fórmula de apartarse sin enfrentar a la justicia. La salida de Taddei expone la urgencia de nombrar un arbitraje electoral imparcial mientras la oposición alista denuncias penales para evitar que el escándalo quede sepultado en el olvido.