La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, enfrenta un severo cuestionamiento por la red de favorecimiento económico, conflicto de interés y nepotismo instalada en el órgano electoral. La descomposición institucional quedó al descubierto tras revelarse que empresas clave de material electoral, como Corporativo Zeg y Cajas Graf, investigadas por la UIF por simulación de recursos y factureras, están ligadas a sus colaboradores más cercanos.
Entre ellos destaca Jonathan Navarrete Torres, quien percibe 45 mil pesos mensuales como su chofer mientras omitió declarar que es apoderado legal de Corporativo Zeg, así como Jesús Octavio García González, exrepresentante de dichas firmas promovido como director de Administración del INE, y Luis Alberto Bustamante Caizales, otro chofer adscrito como líder de proyecto con un sueldo de 70 mil pesos al mes.
Ayer, durante un intento fallido por disipar los señalamientos mediante la presentación de un portal de transparencia, Taddei balbuceó, tropezó con sus respuestas y terminó huyendo del recinto sin responder a los cuestionamientos de los medios sobre las adjudicaciones millonarias a sus allegados. La asignación de un contrato por hasta 198.7 millones de pesos para la elección judicial a Cajas Graf, empresa de Alfredo Hernández Casillas, con quien Taddei mantiene relación desde su gestión en Sonora, fortalece las acusaciones de la existencia de un "árbitro vendido” y una red corrupta que opera al amparo de la presidencia del INE.