La Unidad de Investigación de Azteca Noticias documenta un presunto desvío de recursos públicos en Tabasco que habría ocurrido entre 2024 y 2025, y apunta a una red cercana a los hijos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
En Tabasco hay una gran concentración de poder: Javier May llegó por Morena a la gubernatura en 2024 con más del 80% de los votos. Además, tanto su partido como sus aliados obtuvieron la mayoría en 13 de los 17 distritos por lo que no existe pluralidad ni contrapesos.
Esto da pie a que haya contratos irregulares en la Secretaría de Salud desde que Alejandro Calderón Lippi fue nombrado secretario en octubre de 2024. Estas empresas: Priego Fumigaciones, Grupo AR y Vicorca obtuvieron favores del gobierno estatal.
- Priego Fumigaciones: En sus primeros seis años no tuvo ningún contrato registrado en Compranet superior al millón de pesos. En diciembre de 2024 recibió por adjudicación directa dos contratos con los mismos productos y cantidades. El primero fue por 600 mil pesos y, siete días después, el segundo por 42.4 millones, casi siete veces más. No se publicó la justificación de la urgencia, y esta contrasta con las declaraciones de Calderón sobre la desaceleración del dengue. Una de sus dueñas está casada con el actual subsecretario de Obras del Gobierno de May.
- Grupo AR: De 2015 a 2024 registró un solo contrato por 20 mil pesos. Entre diciembre de 2024 y julio de 2025, Salud la contrató para vigilar edificios por hasta 15 millones de pesos. Su comisario es apoderado legal de la financiera de la que Jorge Amílcar Olán Aparicio, principal operador financiero de la red, es accionista mayoritario.
- Vicorca: Obtuvo contratos de salud por hasta 20.5 millones de pesos. Antes no tenía contratos federales registrados entre 2010 y 2023. Su socio minoritario, quien ahora tiene el 40% de las acciones, también es apoderado legal de la financiera de Olán, quien además es socio de César Calderón Lippi, hermano del secretario de Salud.
De comprobarse esto, se podrían configurar delitos como uso abusivo de atribuciones, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y peculado. En total, los negocios superan los 84 millones de pesos. La mayoría de los involucrados han sido vinculados antes con el círculo de intereses de Andy y Gonzalo López Beltrán.