Jóvenes detenidos en Aguascalientes: ¿víctimas de reclutamiento forzado?

En medio de la dolorosa crisis de desapariciones que aqueja a nuestro país, una noticia reciente ha encendido las alarmas: el 26 de julio, una detención masiva en Rincón de Romos, Aguascalientes, ha llevado a activistas a exigir la verificación de la identidad de los detenidos. Preocupa el reclutamiento forzado.

Lo inquietante es que, de los dieciocho individuos aprehendidos por ser presuntos criminales, al menos cuatro contaban con fichas de personas desaparecidas, un hecho descubierto por colectivos que cotejan constantemente las imágenes de los detenidos con sus registros de búsqueda.

Mariana Ávila, presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género, abordó la gravedad de esta situación. Destacó que lo sucedido en Aguascalientes es un patrón que su organización ha estado denunciando desde hace meses.

Explicó que, desde hace al menos dos años, se ha observado en Jalisco y Zacatecas un esquema de desaparición de jóvenes bajo la promesa de ofertas de trabajo falsas. Estas ofertas, difundidas a través de redes sociales como Facebook e Instagram, prometen traslados a otros estados para desempeñarse en áreas como seguridad o call center, solo para que los jóvenes pierdan contacto con sus familias una vez que aceptan la propuesta.

A partir del 26 de julio, con la difusión de las primeras imágenes de los detenidos, diversos colectivos de todo el país comenzaron a comunicarse con el Observatorio. A pesar de la baja calidad de las fotografías y el deterioro en la salud de las personas mostradas, algunas características físicas resultaron clave para que las familias identificaran a sus seres queridos.

El caso de Alexis, un menor de edad, cuya madre reconoció un cinturón y su postura. Otro caso, acompañado por el Observatorio, resultó positivo, permitiendo incluso que una madre hablara directamente con su hijo. Además de Carlos, cuya identidad ya ha sido confirmada, otras tres personas detenidas también figuraban en fichas de búsqueda, y sus familias intentaron comunicarse con ellas.

Sin embargo, en una rueda de prensa posterior, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes afirmó que no existían antecedentes que sugirieran que estas personas estuvieran en el lugar debido a un reclutamiento forzado.

Ante esta postura oficial, los activistas y las familias de los detenidos exigen una investigación exhaustiva y diferenciada, realizada bajo los más altos estándares de derechos humanos. Su objetivo es descartar que sean criminales y, en cambio, confirmar que son víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos delictivos.

Las condiciones en las que fueron encontrados estos jóvenes sugieren claramente que no estaban allí por voluntad propia. Ávila señaló que estaban incomunicados, fuera de su entorno habitual, sin acceso a sus redes de apoyo, y en una zona de difícil acceso en la sierra.

El deterioro de su salud, la precariedad en la alimentación y el acceso a servicios de salud, son indicadores de que su presencia en el lugar no era por gozo o disfrute. A pesar de que se argumentó que era un “espacio de contención”, la ubicación sugiere un lugar para ocultar personas.

La presidenta del Observatorio también destacó la ausencia de líderes criminales en la detención, lo que podría indicar que los jóvenes fueron abandonados tras el aviso de un operativo, sin oponer resistencia ni estar armados, como lo han manifestado los familiares con quienes se ha podido hablar.

Desde que el Observatorio de Violencia Social y de Género y el colectivo “Buscando Personas Verdad y Justicia de Aguascalientes” hicieron pública la lista de detenidos, más familias de otros estados y hasta de otros países se han contactado, refiriendo la misma narrativa: fueron atraídos a Jalisco, principalmente a Guadalajara, con ofertas de trabajo, y luego perdieron la comunicación, con un patrón de desconexión que se remonta a entre un mes y mes y medio antes de su localización en Aguascalientes.

Mariana Ávila subrayó que este patrón de reclutamiento forzado a través de redes sociales, dirigido a jóvenes de entre 15 y 35 años, se ha utilizado para actividades como “halconeo”, traslado y resguardo de armamento y drogas, y como campo de adiestramiento en la zona centro-bajío.

La preocupación es que se les trate como victimarios cuando, en realidad, son víctimas de una laceración a las juventudes que no tienen oportunidades laborales y se encuentran en situaciones precarias, señala Ávila.

La identidad de otras nueve personas detenidas y de dos cuerpos calcinados hallados cerca de los bloqueos tras el operativo aún no se conoce, lo que incrementa la sospecha de que podría haber más personas desaparecidas involucradas en este lamentable suceso.