Aun sin haber iniciado de manera formal las campañas electorales, la contienda interna de Morena rumbo a la gubernatura de Baja California ha quedado bajo los reflectores. Reportes e informes procedentes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos revelan que personajes clave del círculo cercano a la virtual candidata oficialista, Julieta Ramírez Padilla, se encuentran bajo investigación de las autoridades estadounidenses por sus presuntos nexos con la estructura operativa y financiera del Cártel de Sinaloa.
El principal implicado en este entramado es el operador morenista Rafael Buenrostro Martín, identificado como financista y promotor activo de las actividades proselitistas de la aspirante. Buenrostro, quien organizó la movilización de simpatizantes durante el destape de Ramírez el pasado 15 de septiembre en la Ciudad de México, fue sancionado recientemente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. Las agencias de inteligencia lo acusan de actuar como enlace de influencia política y gestor de sobornos para favorecer a la facción de "Los Mayitos", encabezada por el operador criminal José Ángel Rivera Zazueta.
Ojo aquí
— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 6, 2026
Personas cercanas a la candidata de Morena en BC, Julieta Ramírez, estarían fichadas por EU
Por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa
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La conexión de Julieta Ramírez y la administración local de Baja California
Las investigaciones exponen que la red de apoyos en torno a la candidata trasciende la operación política de propaganda y se adentra de forma directa en las estructuras operativas del gobierno del estado. Julieta Ramírez, quien se desempeñó como secretaria particular de la gobernadora Marina del Pilar Ávila y es considerada su apuesta política para la sucesión gubernamental, comparte entorno con perfiles fuertemente cuestionados por la justicia internacional, incluyendo a Carlos Torres, cercano a liderazgos del narcotráfico en la región.
A esta serie de señalamientos se suma la participación de Dulce María Mendívil García, subsecretaria Anticorrupción en la administración estatal y promotora activa de la candidatura guinda, cuyo hermano, el exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, fue igualmente sancionado por las autoridades estadounidenses. De acuerdo con los expedientes de la OFAC, el exjefe policial habría recibido sobornos a cambio de ceder el control de la policía municipal a la célula de "Los Rusos", permitiendo operaciones de narcotráfico y el uso de las fuerzas locales para labores de represión al servicio del crimen organizado.