La FGR de Ernestina Godoy solo reconoce 32 fosas clandestinas de las 651 que reportan las Fiscalías Estatales

El informe de la Plataforma Ciudadana de Fosas, elaborado por Data Cívica, Artículo 19 y la Universidad Iberoamericana, sacó a la luz una escandalosa simulación institucional encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) bajo el mando de Ernestina Godoy. Frente a un mapa nacional con más de 130 mil personas desaparecidas, la estrategia del gobierno federal ha sido la negación de la realidad: durante 2025, la FGR únicamente reconoció la existencia de 32 fosas clandestinas en todo el país, una cifra que contrasta con las 651 fosas documentadas por las propias fiscalías estatales y los 433 hallazgos registrados por los medios de comunicación. Esta discrepancia, donde la autoridad federal reporta 20 veces menos fosas que los estados, evidencia un intento deliberado por invisibilizar la crisis forense y de violencia que desgarra a México.

La negligencia y la opacidad del órgano a cargo de Godoy son especialmente graves en los territorios más castigados por el crimen organizado. Mientras las autoridades locales de Sonora reportaron 204 fosas clandestinas, la FGR registró cero; una omisión que se repite en estados como Chihuahua, Sinaloa y Baja California Sur, los cuales suman 410 hallazgos estatales borrados de un plumazo de la estadística federal. Al reducir las fosas a solo seis entidades, la FGR abjura de su responsabilidad constitucional para perseguir los delitos de fuero federal, dejando desprotegidas a las víctimas e imponiendo un cerco de opacidad que busca proteger la narrativa gubernamental por encima del derecho a la verdad.

Esta manipulación de los datos no es un simple error burocrático, sino una política de Estado que fuerza a las colectivas de madres e investigadoras a asumir el trabajo que las autoridades se niegan a realizar. Solo en 2025 se recuperaron 833 cuerpos y 226 restos humanos de fosas en el país, encabezando Jalisco y Sonora las cifras de cadáveres rescatados; sin embargo, en más de un tercio de los expedientes ni siquiera se determinó el sexo de la persona y no existe información pública sobre los procesos de identificación o entrega a sus familiares. La falta de un registro nacional homologado por parte de la FGR condena a miles de víctimas a una "segunda desaparición" en las fosas comunes del propio gobierno.

Al no transparentar el paradero de los desaparecidos ni dar seguimiento a las exhumaciones, la gestión de Ernestina Godoy incumple las obligaciones básicas de procuración de justicia y rendición de cuentas. Las familias que escarban la tierra con sus propias manos para encontrar a sus seres queridos confirman que el Estado mexicano ha claudicado en su labor de investigar y sancionar a los responsables. La sistemática negativa de la FGR a reconocer la verdadera magnitud de las fosas clandestinas convierte a la institución en un factor de impunidad, priorizando el costo político del escándalo por encima del dolor y la dignidad de miles de familias mexicanas.