El Gobierno de México señaló a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como la instancia encargada de revisar la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de los señalamientos por presuntas irregularidades durante su administración.
Durante la conferencia matutina de este martes 3 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la ASF ya realiza un análisis sobre la gestión de la exconsejera presidenta y sostuvo que será este organismo el que determine si existen elementos para proceder legalmente contra ella y otros funcionarios de su administración.
La mandataria explicó que, en caso de encontrar posibles irregularidades con implicaciones penales, corresponderá a las autoridades competentes determinar los siguientes pasos y, en su caso, presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“Quien haya cometido actos de corrupción que sea sancionado”, expresó Sheinbaum al referirse a las investigaciones y a la necesidad de esclarecer el manejo de los recursos públicos.
Rumbo a 2027, la pregunta está sobre la mesa: ¿todavía confías en el @INEMexico? En #HechosAM, @jrisco y @MLopezSanMartin analizan un video filtrado que, exhibiría al contratista señalado como favorito del @INEMexico y a su consejera presidenta en un presunto reparto de millones de dólares. Advierten que la falta de controles y transparencia puede golpear la confianza ciudadana en el árbitro electoral.
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 3, 2026
ASF deberá determinar si procede una investigación penal contra Taddei
Sheinbaum señaló que no corresponde al Gobierno federal determinar anticipadamente si Guadalupe Taddei debe enfrentar un proceso penal, sino que primero deben conocerse los resultados de la revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación.
Sheinbaum señala concentración de poder en el INE durante gestión de Lorenzo Córdova
Como parte de sus señalamientos sobre el funcionamiento del organismo electoral, la mandataria también se refirió a la concentración de facultades que, según su interpretación, ocurrió a partir de la reforma electoral de 2014, cuando Lorenzo Córdova encabezaba el entonces Instituto Nacional Electoral.