La aprobación de la "Ley Antimemes" en el Senado de la República encendió la polémica no solo por sus implicaciones a la libertad de expresión en entornos digitales, sino por la aparente falta de conocimiento técnico de los legisladores encargados de impulsarla. En un encuentro con medios de comunicación, el senador de Morena, Ignacio Mier Velazco, fue cuestionado de forma directa sobre el procedimiento que deberá seguir un usuario para solicitar la eliminación de un contenido o meme de la red, exhibiendo grandes tropiezos.
Ante la pregunta expresa sobre a qué instancia se debe recurrir para retirar un material considerado violatorio, Mier aseguró inicialmente que la solicitud se debe tramitar directamente ante "el proveedor" de servicios de internet. El señalamiento provocó la rectificación inmediata de los reporteros, quienes le aclararon que empresas de telecomunicaciones brindan la conectividad, pero no administran las plataformas ni los servidores donde se genera y difunde el contenido digital.
Los senadores de #Morena aprobaron la llamada “Ley Antimemes” sin tener idea de lo que votan.
— Guacamaya Leaks (@GuacamayanLeaks) November 4, 2026
Le preguntaron a @NachoMierV cómo se denuncia o se pide el retiro de un meme/contenido en internet y Nacho Mier da por respuesta:
-"pues con el proveedor" (de internet).
Lo… pic.twitter.com/jZdyofG9XB
Confusión entre plataformas y proveedores expone vacíos legislativos
Tras ser corregido por la prensa respecto a que las compañías de infraestructura no tienen acceso ni atribuciones para moderar o borrar publicaciones específicas en redes sociales, el legislador oficialista tuvo que corregir su postura sobre la marcha. "Pues es la plataforma la que debe realizarlo", respondió finalmente Mier, evidenciando que el bloque mayoritario votó el dictamen sin tener claridad sobre los mecanismos operativos de la normativa que acaban de validar.
Diversos sectores y especialistas en tecnología criticaron el desconocimiento exhibido por la bancada de Morena durante el proceso legislativo. Los opositores advierten que aprobar leyes regulatorias en materia digital sin comprender la diferencia entre un proveedor de internet (ISP) y una plataforma de contenidos abre la puerta a la discrecionalidad, a procedimientos inaplicables en la práctica y a actos de censura previa bajo la excusa de la moderación digital.