El Senado de la República se prepara para discutir y dictaminar la próxima semana la Ley Nacional de Extorsión, una iniciativa clave que busca combatir uno de los delitos de mayor impacto social y económico en México.
La propuesta, enviada originalmente por la Cámara de Diputados, será revisada y modificada para fortalecer las sanciones, evitar beneficios procesales y mejorar la capacitación de los ministerios públicos y cuerpos de investigación.
Ajustes al proyecto: más severidad y precisión legal
Los presidentes de las comisiones encargadas de su análisis adelantaron que introducirán ajustes técnicos y de fondo.
“Vamos a hacer cambios en la minuta que nos envía la Cámara de Diputados y algunos otros aspectos técnicos necesarios para generar un instrumento que cumpla con el propósito de la presidenta de la República, que es fortalecer las capacidades del Estado mexicano para combatir este delito en todo el territorio nacional”, explicó Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.
Por su parte, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López, adelantó que el dictamen podría votarse el martes próximo.
Subrayó que la extorsión “es el delito más sensible que enfrentamos los mexicanos” y que el Senado revisará la profundidad de las penas, los criterios judiciales y las agravantes aplicables.
Análisis técnico y coordinación institucional
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, informó que se han sostenido reuniones con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para revisar aspectos técnicos.
Uno de los puntos centrales, dijo, es la penalidad, ya que “bajar la media aritmética en materia de extorsión podría beneficiar a algunos actualmente procesados o sentenciados”.
Las claves de la nueva Ley Nacional de Extorsión
La minuta enviada por la Cámara de Diputados —turnada a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos— propone expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, además de reformar el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
El proyecto establece penas de seis a quince años de prisión y multas de hasta 500 UMAs, con incrementos de hasta dos terceras partes cuando el delito se cometa contra menores, migrantes, adultos mayores o mediante violencia, amenazas o manipulación digital.
El tema llega al Senado luego de que la Cámara de Diputados aprobara modificaciones impulsadas por Ricardo Monreal, que redujeron las penas para funcionarios que omitan denunciar casos de extorsión —de 10-20 años a 5-12 años—, lo que generó críticas de la oposición, que bautizó la propuesta como la “Ley Bermúdez”, en alusión al exsecretario de Seguridad de Tabasco.
