A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que instruyó a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) debe dar a conocer versión pública de las minutas, acuerdos, actas o cualquier documento resultado de las Asambleas y Análisis del Plan y los Programas de estudio para el diseño de los libros de texto gratuitos.
La comisionada Josefina Román Vergara fue quien presentó el tema en el pleno y destacó que es de suma importancia, pues este asunto muestra cómo el derecho de acceso a la información pública permite saber si las autoridades, en este caso la SEP, cumplen con el catálogo normativo que regula los procesos en materia de educación, como es el caso de los libros de texto que se entregaron a millones de niñas y niños en todo el país.
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— INAI (@INAImexico) September 12, 2023
El derecho de acceso a la información pública permite saber si las autoridades cumplieron con el catálogo normativo: @JosefinaRomanV
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Una persona solicitó un recurso ante el INAI, mediante el cual “manifestó su inconformidad con la respuesta de la SEP, que reservó lo requerido por un periodo de cinco años, argumentando que contiene, opiniones, recomendaciones o puntos de vista que forman parte de un proceso deliberativo de los servidores públicos”, se detalló en el comunicado.
Asambleas de libros de texto de la SEP
En la ponencia de la comisionada, Román Vergara requirió información que integran la carpeta titulada Asambleas y Análisis del Plan y los Programas de estudio para el diseño de los libros de texto gratuitos para la Educación Básica 2022, como: la fecha de inicio del proceso deliberativo; las fases que lo integran; en cuál se encuentra y la fecha estimada de conclusión.
De acuerdo con esta información, se determinó que las asambleas se llevaron a cabo durante enero y marzo de 2022; sin embargo, la SEP reservó la información bajo el argumento de que es parte de un juicio de amparo. El 18 de agosto de 2023 se emitió la sentencia, donde se calificó como inconstitucional el procedimiento de la elaboración y publicación de los programas.
