Bajo la premisa de que México necesita un blindaje legal "sólido y eficaz" para proteger la democracia, la senadora del PAN, Lilly Téllez, presentó una iniciativa de reforma que busca sancionar con la cancelación automática del registro a cualquier partido político que mantenga vínculos operativos, financiamiento o subordinación con organizaciones criminales.
A través de sus redes sociales, la legisladora afirmó que el objetivo es erradicar la influencia del crimen organizado en las urnas. La propuesta no solo va contra los individuos, sino contra las instituciones políticas como entes colectivos, estableciendo que la responsabilidad penal de un dirigente o candidato puede sentenciar la existencia misma de su partido.
Adiós al registro: Sin plazos de corrección
De acuerdo con la Gaceta del Senado, la iniciativa propone que el Instituto Nacional Electoral (INE) cancele el registro de manera "automática e inmediata" cuando exista una sentencia firme que acredite nexos con la delincuencia organizada. A diferencia de otras faltas administrativas, esta causal:
- No permitirá regularización ni plazos para subsanar la falta.
- Será aplicada independientemente de las sanciones penales contra las personas físicas involucradas.
- Permitirá al TEPJF ordenar la suspensión preventiva de actividades del partido mientras se realiza la investigación, si existen pruebas suficientes.
Presento una Iniciativa para impedir y sancionar la infiltración del crimen organizado en elecciones y partidos políticos.
— Lilly Téllez (@LillyTellez) March 25, 2026
México necesita un marco legal sólido y eficaz para erradicar la narcopolítica y proteger nuestra democracia constitucional: https://t.co/fan1u0fUS4
Fiscalización extrema y fin del uso de programas sociales
La reforma también otorga "dientes" al INE en materia de fiscalización. Si el Instituto detecta indicios de recursos ilícitos en las campañas, tendrá la obligación de dar vista inmediata al Ministerio Público Federal. Además, las medidas cautelares que imponga el INE en esta materia serán de ejecución inmediata, lo que significa que impugnar la decisión no detendrá la sanción.
Un punto clave de la iniciativa es la prohibición estricta del uso de programas sociales y apoyos gubernamentales con fines electorales, buscando evitar que los recursos públicos se utilicen para coaccionar el voto o favorecer a candidatos específicos.
En los artículos transitorios, la propuesta exige a la Fiscalía General de la República (FGR) implementar un protocolo específico para investigar delitos electorales cometidos por el narco, incluyendo protección a testigos y denunciantes. La iniciativa advierte que, si el Fiscal General o sus subordinados incumplen con estas investigaciones, podrán ser removidos de su cargo por responsabilidad administrativa grave.
