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Se impone Plan B electoral en el Senado; se aprueba en lo general y lo particular

El Senado aprobó el Plan B electoral con 87 votos a favor y 41 en contra; pero como anticipó el PT, se votó contra revocación de mandato en 2027.

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El llamado “Plan B” de la reforma electoral fue aprobado en lo general y lo particular por el Senado, al alcanzar 87 votos a favor y 41 en contra, de un total de 128 legisladores presentes.

En el debate por lo particular, se discutieron reservas y modificaciones al dictamen. En este contexto, el Partido del Trabajo (PT) adelantó que votaría en contra de que la revocación de mandato se lleve a cabo durante las elecciones del próximo año.

"No nos confundamos lo más sustantivo y al mismo tiempo lo más negativo que plantea esta reforma, este dictamen, es que desnaturaliza por completo la revocación de mandato", declaró Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano.

Por su parte, el PAN le reclamó a Morena, por negarse a cerrarle el paso al dinero del crimen organizado para campañas políticas. "Con este Plan B se ratifica el narco-pacto de López Obrador”, sentenció Lilly Téllez, senadora panista.

Plan B se aprueba en comisiones

Con la ausencia de senadores del PT, las comisiones del Senado dieron luz verde al llamado “plan B” de la reforma electoral enviada por la presidenta de la República. La aprobación se concretó con 23 votos a favor, 11 en contra y 4 abstenciones, en una sesión marcada por el choque de posturas entre oficialismo y oposición.

Los legisladores de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra y calificaron la propuesta como un intento de modificar reglas clave del sistema electoral sin los consensos necesarios. Desde la oposición, se advirtió que la iniciativa busca abrir la puerta para que la revocación de mandato se realice el mismo día de la jornada electoral del próximo año, lo que, aseguran, podría influir en el equilibrio de la contienda.

Oposición acusa ilegalidad y falta de consenso sobre plan B

Durante la discusión en comisiones, senadores del PRI insistieron en su rechazo a la reforma. La senadora Claudia Anaya argumentó que el proyecto implica una intromisión del gobierno federal en facultades que corresponden a los estados y a sus congresos locales, particularmente en lo relacionado con el manejo presupuestal.

De acuerdo con su postura, la propuesta “trastoca la Constitución y el federalismo”, ya que plantea disposiciones que, en su opinión, deberían ser competencia exclusiva de la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos. También señaló como problemática la redistribución de regidores, al considerar que vulnera la soberanía de las entidades federativas.

Asimismo, la legisladora cuestionó la constitucionalidad de un artículo transitorio que plantea reducir el presupuesto del Senado, lo que, dijo, representa una medida improcedente dentro del marco legal vigente.

PAN advierte retrocesos democráticos

Por su parte, los senadores del PAN reiteraron su rechazo frontal a la iniciativa. El senador Marko Cortés señaló que se trata de la primera reforma electoral en décadas que se impulsa sin el consenso de las fuerzas políticas, lo que calificó como un retroceso democrático.

También criticó que, bajo el argumento de eliminar privilegios, la propuesta podría derivar —según su visión— en beneficios indebidos para la titular del Ejecutivo, particularmente en el contexto de una eventual consulta de revocación de mandato.

Además, sostuvo que la reforma no atiende temas de fondo como la sobrerrepresentación en el Congreso ni establece mecanismos efectivos para impedir la entrada de recursos ilícitos en campañas electorales.

Debate sobre plan B pasa al Pleno

Tras su aprobación en comisiones, el dictamen será turnado al pleno del Senado, donde se anticipa un debate intenso. Mientras el bloque oficialista defiende la reforma como un ajuste necesario, la oposición mantiene su postura de rechazo, argumentando riesgos para el equilibrio institucional y el marco constitucional.

El futuro de esta iniciativa dependerá ahora de su discusión y votación en el pleno, en un contexto político polarizado que podría definir el rumbo de las reglas electorales en el país.

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