Un fenómeno que antes permanecía en la sombra comienza a visibilizarse con fuerza en el panorama legal mexicano: la misandria. Definida como el odio o aversión hacia el varón por el simple hecho de serlo, este concepto está dejando de ser un término académico para convertirse en el centro de un debate jurídico sobre los alcances y posibles excesos de las leyes diseñadas para proteger a las mujeres.
Abogados, activistas digitales y miembros de colectivos aseguran que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aunque necesaria y fundamental, está siendo utilizada en algunos casos como una herramienta de revancha o extorsión. El argumento central no es invalidar la ley, sino denunciar el abuso en la interpretación de la perspectiva de género, la cual, según acusan, está vulnerando el debido proceso y la presunción de inocencia de muchos hombres.
La “extorsión perfecta” y el vacío legal
Especialistas en derecho familiar y penal han detectado una conducta que califican como sistemática. Se trata de las denuncias falsas por acoso sexual o violencia, utilizadas no para buscar justicia, sino para dañar la reputación o exigir beneficios económicos. “Lo denominan como la extorsión perfecta”, señalan los denunciantes, pues en muchos casos se reporta la colusión de autoridades y ministerios públicos que aceptan testimonios sin pruebas fehacientes, presionando al varón para pagar compensaciones exorbitantes a cambio del desistimiento de la querella.
El caso de Marco Antonio, un ingeniero de Atizapán, es el reflejo de esta problemática. Tras denunciar a unos vecinos por molestar a su madre, fue amenazado: o pagaba 50 mil pesos o lo acusarían de un delito grave. Al no ceder, se cumplió la amenaza y enfrentó una acusación de acoso sexual. “Yo estaba en desventaja”, relata Marco, quien describe cómo el Ministerio Público se negaba a cerrar la carpeta a pesar de las inconsistencias, bajo el argumento de que, al ser mujer la denunciante, debía recibirle todo el material sin cuestionar.
