Rumbo a las elecciones de 2027, la persecución contra la activista Grecia Quiroz en Michoacán expone el temor del partido en el poder hacia las candidaturas independientes que no puede someter. El régimen ha desplegado una maquinaria directa para frenar su avance, atacándola desde la ley, el linchamiento público y el aparato de justicia. En el Congreso local intentaron cerrarle el paso con reformas electorales a la medida para prohibir símbolos de su movimiento, mientras que voceros oficiales como Gerardo Fernández Noroña y Liz Vilchis han encabezado embestidas de violencia política de género para desacreditar su labor en Uruapan.
La agresión escala al ámbito judicial a 10 meses del asesinato de su esposo, Carlos Manzo, donde la Fiscalía estatal busca convertirla de víctima a victimaria. Esto ocurre mientras las autoridades ignoran líneas de investigación contra políticos locales con presuntos nexos con el narcotráfico y pese a haber fallado en la protección del alcalde. La embestida contra Quiroz es el síntoma de un régimen que le teme a la voluntad ciudadana y que prefiere censurar a cualquier alternativa independiente antes de permitir que la gente elija libremente en las urnas.