La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció que la policía y el ejército de Perú realizó ejecuciones extrajudiciales durante las protestas por la remoción y detención del expresidente Pedro Castillo.
En su reporte, la ONG detalló que durante las marchas, ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, murieron 49 inconformes y peatones, incluidos ocho niños, de acuerdo con la oficina de Derechos Humanos de dicha nación. La agrupación señaló que, aunque algunas manifestaciones fueron violentas, las fuerzas del orden peruanas usaron la fuerza de forma desproporcionada, incluso con “armas de asalto y revólveres”.
Evidencia recogida por Human Rights Watch establece que al menos 39 personas murieron por heridas de bala durante las protestas que tuvieron lugar en Perú entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. pic.twitter.com/1RAfLzmoAD
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) April 29, 2023
El reporte llamado “Declive mortal. Abusos de las fuerzas de seguridad y crisis democrática en Perú” realizado por Human Rights Watch abunda que entrevistó a 140 personas, entre ellas testigos, manifestantes lesionados, oficiales de policía, periodistas, entre otras, con lo cual señalan que hubo un excesivo uso de la fuerza, violaciones al debido proceso, abusos contra detenidos y fallas en las investigaciones de delitos.
Según la organización, al menos 39 personas murieron directamente por heridas de bala, mientras que más de mil 300 resultaron lesionadas, incluidos agentes de la policía. Incluso consignan que un oficial murió en circunstancias “poco claras”.
Aunque los reglamentos internos de la policía peruana prohíben el uso de perdigones de plomo, Human Rights Watch documentó su uso en Juliaca, Cusco y Arequipa durante las protestas que tuvieron lugar en Perú entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. pic.twitter.com/wtC86exhXi
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) April 29, 2023
¿Qué pasó en Perú con Pedro Castillo?
El entonces presidente de Perú, Pedro Castillo, intentó desaparece el Congreso de su nación y eliminar el poder judicial el 7 de diciembre de 2022. Sin embargo, el poder legislativo removió del poder a Castillo y nombró a Dina Boluarte, entonces vicepresidenta, como nueva mandataria, de acuerdo con la constitución local.
Diversas personas se manifestaron contra la decisión e incluso hicieron un llamado a adelantar las elecciones. Posteriormente, Pedro Castillo quedó detenido por acusaciones de rebelión y tráfico de influencias.
En enero de 2023, la Fiscalía General de Perú inició una investigación preliminar contra la presidenta Boluarte, el primer ministro Alberto Otálora y otros integrantes del gobierno peruano por los cargos de homicidio y lesiones graves cometidos durante las protestas.
Sin embargo, de acuerdo con HRW, la investigación ha tenido problemas como la recolección de evidencias, ya que las autoridades no cuidaron las escenas del crimen ni solicitaron análisis de residuos de balística en los oficiales de policía o militares involucrados. Incluso en dos casos, los fiscales no pudieron realizar autopsias a los cadáveres previo a que fueran enterrados.
