Las instituciones democráticas no nacieron para rendirse ante el poder en turno, sino para ponerle límites estrictos y garantizar un contrapeso real a favor de la ciudadanía. La crisis actual que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE) demuestra el riesgo latente de concentrar las decisiones en una sola figura y desmantelar los mecanismos de vigilancia interna que durante años funcionaron.
Frente a este contexto, urge recuperar la esencia del órgano electoral y devolverle un carácter 100% ciudadano, evitando que los hilos de las elecciones y la gestión institucional queden bajo el control exclusivo de cúpulas partidistas que responden a intereses del oficialismo.
El valor del INE radica no solo en el arbitraje de las contiendas electorales, sino en la custodia directa de la identidad de más de 100 millones de mexicanos. En la cartera de cada ciudadano descansa una credencial que contiene datos altamente sensibles: nombres, domicilios, fotografías y huellas digitales. Dejar semejante nivel de información sensible y la logística de las urnas en manos de estructuras cooptadas por el oficialismo vulnera la privacidad nacional y abre la puerta a la manipulación directa de los procesos democráticos. La verdadera fortaleza del sistema electoral siempre ha sido la participación activa de los propios vecinos que reciben y cuentan los votos en las casillas, un rol ciudadano que debe blindarse ante cualquier intento de mano negra del gobierno.
El secuestro del INE y la credencial para votar
La trampa de la sobrerrepresentación y la cooptación institucional
El proceso de erosión democrática se consolidó a través de reformas y resoluciones que avalaron una inconstitucional sobrerrepresentación en el Congreso. Esta maniobra otorgó una supermayoría no ganada en las urnas, sirviendo de plataforma para debilitar los contrapesos constitucionales, alterar el funcionamiento del Poder Judicial y cooptar instancias clave como el Tribunal Electoral. En lugar de responder al equilibrio entre los poderes de la Unión, la autoridad electoral fue modificada para concentrar facultades abusivas y otorgar superpoderes a la presidencia del instituto, anulando el debate para nombramientos y propiciando escenarios de opacidad y corrupción.
Frente a la persecución contra voces críticas e integrantes que se opusieron a decisiones arbitrarias, se vuelve indispensable frenar el secuestro de las instituciones públicas. Exigir la restitución de la ley, la rendición de cuentas sin distingo de nombres o apellidos y el restablecimiento de un INE verdaderamente independiente no es una opción partidista, sino una exigencia de supervivencia democrática. El control ciudadano del sufragio y la protección de los datos personales deben ser la prioridad para evitar que el autoritarismo de Morena siga desmantelando los derechos de los mexicanos.