“Se alinean al régimen": PRI impugnará resolución del INE que le prohíbe acusar a Morena de narcopolítica

El Instituto Nacional Electoral (INE) encendió la polémica en el escenario político tras resolver una medida cautelar que prohíbe formalmente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), a su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, y a sus legisladores, referirse a Morena como "narcopartido", "narcogobierno" o "narcopropagandistas". Durante una entrevista con Juan Pablo de Leo en el programa Agenda ADN, Emilio Suárez Licona, representante del PRI ante el órgano electoral, calificó esta determinación como un acto de censura institucional que atenta directamente contra la libertad de expresión y el debate público en el país.

Suárez Licona reveló que la resolución obliga al senador Alejandro Moreno a retirar al menos 22 publicaciones de sus redes sociales donde denunciaba presuntos nexos entre el oficialismo y el crimen organizado. La defensa de Morena argumentó que dichas expresiones constituyen calumnia electoral al imputar delitos sin pruebas; sin embargo, la representación del tricolor sostuvo que existen elementos y antecedentes de conocimiento público, como las investigaciones de agencias estadounidenses sobre figuras locales y reportajes de la prensa internacional respecto a Sinaloa, que respaldan la urgencia de discutir abiertamente la infiltración de la narcopolítica en las instituciones.

El representante del PRI acusó que el INE mantiene sus prioridades "extraviadas" al enfocar sus esfuerzos en amordazar a la oposición en lugar de implementar filtros severos para fiscalizar el financiamiento ilícito y frenar el avance del narcotráfico en los procesos electorales. Suárez Licona recordó que el propio presidente de la Comisión de Integridad del INE admitió recientemente la dificultad de frenar la entrada del crimen organizado a las campañas, por lo que resulta contradictorio que el órgano electoral sancione a quienes denuncian públicamente este fenómeno.

Ante esta resolución, la dirigencia del PRI confirmó que agotará los cauces legales. En un plazo de 48 horas presentará un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Asimismo, el legislador advirtió que, al estar protegidos constitucionalmente por la inviolabilidad parlamentaria en el ejercicio de sus funciones, acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la violación sistemática de los estándares democráticos y la libertad de deliberación en México.