El 1 de septiembre, los primeros jueces electos por voto popular asumieron sus cargos en México, un hecho sin precedentes a nivel mundial.
Sin embargo, esta “victoria” democrática resulta engañosa: la participación ciudadana fue apenas del 13%, miles de candidatos compitieron, y los aliados de Morena dominaron la contienda gracias a guías de votación para electores. Esto nunca se trató de fortalecer la democracia; se trató de control político.
El control no soluciona la impunidad: Una realidad en México
De cada 100 delitos denunciados, 90 llegan al escritorio de un fiscal, solo 4 alcanzan los tribunales y las probabilidades de condena son menores al 1%. Esto sin contar que apenas se reporta el 7% de los delitos, lo que hace que la verdadera tasa de impunidad sea abrumadora.
En 2023, cada uno de los casi 18 mil fiscales tuvo a su cargo alrededor de 250 investigaciones, mientras que en Estados Unidos el estándar es de 6 casos por año.
Con esta sobrecarga, el debido proceso se convierte en una fantasía y la corrupción llena los vacíos: 90% de los mexicanos consideran que las fiscalías son corruptas, con sobornos exigidos para mover casos.
Prisión preventiva y reforma judicial: Un espectáculo político que no acaba con la impunidad
Además, casi 100 mil personas, cerca del 40% de los internos, están en prisión preventiva sin sentencia. Los gobiernos de Morena no solo defendieron esta práctica, sino que la ampliaron. Lo que los tribunales internacionales consideran una violación a la presunción de inocencia se ha convertido en un espectáculo político para aparentar mano dura contra el crimen.
La reforma judicial no resolverá la impunidad; encubre un intento de consolidar poder, dejando un sistema quebrado exactamente donde estaba, mientras la población enfrenta una batalla aún más difícil por la justicia.