En México puedes gobernar sin que importe que Estados Unidos te acuse de ser un narcopolítico, como Rubén Rocha Moya. Pero que regrese sin pudor como gobernador de Sinaloa no elimina los señalamientos en su contra, ni retira la petición que desde el 28 de abril presentó Estados Unidos para detenerlo con fines de extradición por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa.
Las investigaciones en el extranjero sobre las actividades del amigo del expresidente Andrés Manuel López Obrador revelan que el cártel financió parte de la campaña que lo puso en la silla de gobernador por el partido Morena.
El dinero del narcotráfico que aceitó la máquina electoral compró también la complicidad para que Rocha Moya brindara protección a la facción de “Los Chapitos”, para que los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán operaran con libertad el trasiego de drogas.
Solo dos de sus presuntos cómplices, el general Gerardo Mérida Sánchez, quien fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del estado, se entregaron a Estados Unidos para negociar y convertirse en testigos protegidos.
Otros señalamientos contra el gobernador de Sinaloa parece que tendrán el mismo destino. Como que el 25 de julio de 2024 estuvo presente en la finca Huertos del Pedregal, en Culiacancito, cuando fue traicionado Ismael “El Mayo” Zambada y donde fue asesinado Héctor Melesio Cuén, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y enemigo político de Rocha Moya, pero él lo negó todo. Aseguró que ni estaba en México, pero nunca probó dónde estuvo.