Tras cumplirse 112 días de haber solicitado licencia temporal a su cargo, Rubén Rocha Moya anunció su reincorporación formal como gobernador del Estado de Sinaloa. A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, el mandatario confirmó que retoma cargo para concluir el periodo constitucional que finaliza en octubre de 2027.
La decisión ocurre tras un periodo de intensa presión política generado por señalamientos del gobierno de Estados Unidos que lo vinculan con el narcotráfico, acusaciones que derivaron en su separación del encargo.
A las y los sinaloenses:
— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) August 21, 2026
A las y los mexicanos:
El día de hoy he retomado el ejercicio de mi cargo de Gobernador
Constitucional del Estado Sinaloa.
Es mi deber cumplir con el mandato de las y los sinaloenses, quienes me eligieron como titular del Poder Ejecutivo para gobernar…
Exoneración de la FGR y el argumento de la persecución política
En su pronunciamiento, Rocha Moya sostuvo que durante el tiempo que duró su licencia compareció ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) para responder por las acusaciones planteadas en su contra. De acuerdo con lo expuesto por el gobernador, la FGR concluyó que no existen elementos de prueba que sustenten su participación en delito alguno. El mandatario calificó las imputaciones internacionales como "patrañas e infundios orquestados por sectores de la ultraderecha con el fin de golpear la soberanía nacional y desestabilizar al movimiento de la Cuarta Transformación en la región".
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Partidos de oposición como el PAN y el PRI han calificado como una "burla" y una señal de "impunidad garantizada" su regreso, advirtiendo que las investigaciones en México han carecido de transparencia frente a los graves señalamientos lanzados por agencias de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y la facción de "Los Chapitos".
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Mientras la dirigencia de Morena defiende la legalidad de su regreso alegando que no existen pruebas ni carpetas con orden de aprehensión en su contra, la ciudadanía y el sector empresarial advierten que la entidad continúa hundiéndose en la inseguridad y las desapariciones, dejando la sensación de que el gobierno federal priorizó el cobijo político por encima del esclarecimiento de las acusaciones internacionales.