A casi dos meses de que Rubén Rocha Moya solicitó licencia como gobernador de Sinaloa, la entidad enfrenta una escalada de violencia reflejada en las cifras oficiales. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, entre el 1 de mayo y finales de junio se iniciaron 225 carpetas por homicidio doloso, 257 por desaparición de personas y 719 por robo de vehículos, en un contexto marcado por enfrentamientos entre grupos criminales.
Los hechos violentos se han registrado en distintos municipios. En Culiacán, una balacera dentro de una plaza comercial dejó tres personas muertas y una mujer herida, mientras que días después un ataque armado en una tienda de abarrotes cobró la vida de dos mujeres. A estos casos se sumó el asesinato de un enfermero en la colonia Antonio Rosales, un crimen que provocó indignación entre trabajadores del sector salud.
La violencia también alcanzó al sur del estado. En Escuinapa, la muerte de Grecia, una paratleta de 14 años, y de su tío durante un ataque armado generó protestas ciudadanas para exigir justicia y mejores condiciones de seguridad. Además, tras la captura de un presunto líder criminal conocido como “El Güero Pin”, se registraron bloqueos carreteros, enfrentamientos y detonaciones de artefactos explosivos en distintas zonas de Sinaloa.
Las autoridades estatales sostienen que mantienen coordinación con las fuerzas federales para contener la violencia. Sin embargo, la sucesión de hechos delictivos y el aumento de los indicadores de inseguridad mantienen abierto el debate sobre la efectividad de la estrategia implementada en la entidad.
