Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República confirmó que continúa la investigación de la presunta desaparición forzada de 36 personas, ocurrida entre enero y mayo de este año en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en los que al parecer estarían implicados comandos que probablemente utilizaban uniformes y vehículos de la Secretaría Marina.
Detalló en un comunicado que integra 26 expedientes en los que ha realizado aproximadamente 150 diligencias en cada uno; hasta el momento sólo una persona ha sido localizada con vida y nueve fallecidas
Entre las acciones que ha realizado la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, están la toma de muestras de ADN para elaborar perfiles genéticos de las víctimas, se tomaron declaraciones y entrevistas a los familiares y testigos.
“A fin de tener mayor información en cuanto a la mecánica de los hechos; se solicitaron videos de vigilancia a C-3, C-4, C-5; se han llevado a cabo inspecciones de los lugares donde acaeció la privación; y se buscaron posibles indicios relacionados con los hechos”, se detalló.
También se realizó la inscripción de las víctimas y sus familiares en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; se dictaron medidas de protección para ellos y testigos. Asimismo, se aplicaron “cuestionarios a los denunciantes y familiares de las víctimas con el objeto de conocer datos particulares de los mismos”, detalló la dependencia.
Como parte de la investigación se pidió un informe a la Secretaría de Marina Armada de México, donde se le solicita proporcione nombres del personal adscrito en la ciudad de Nuevo Laredo, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de este año, así como su ubicación actual.
“También se solicitó número y ubicación de las bases provisionales desplegadas; la relación de armamento y vehículos utilizados con su ubicación actual; el álbum fotográfico del personal; relación de equipos de comunicación utilizados; bitácoras de servicio del personal citado; registro de operativos realizados; registro de detenciones de personas; todo lo anterior en el período de referencia”, detalló la PGR.
En otras de las diligencias se requirió la geolocalización de las antenas de teléfonos que portaban las víctimas directas, se solicitó a la Procuraduría General de Tamaulipas el registro de localización de fosas ubicadas de enero a la fecha en Nuevo Laredo, Anáhuac, Vallecito Ciénega y Sabinas Nuevo León, además de la elaboración de un Análisis de Contexto al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.
“Del documento enviado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde se comunicó la desaparición masiva de personas y se exhibió un video además de narrativas de algunas de las víctimas denunciantes, la Fiscalía Especializada, en diligencias de actuación, extrajo y obtuvo de forma legal el citado material, el cual actualmente se encuentra en proceso de análisis pericial”, destacó la dependencia.
