En un nuevo episodio de acoso institucional contra el Poder Judicial de la Federación, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) denunció la suspensión arbitraria de la jueza María Citlallic Vizcaya Zamudio, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas. De acuerdo con el pronunciamiento del gremio, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) actuó como un brazo ejecutor a solicitud de grupos de poder locales, castigando a la juzgadora por haber emitido resoluciones de alto impacto que incomodaron a Morena en el estado.
La propia juzgadora vinculó directamente la medida cautelar con sus fallos jurisdiccionales: “He tenido varios asuntos que han incomodado al gobernador David Monreal, el famoso de la suspensión de corridas taurinas, el del segundo piso, el de las pensiones de ISSSTEZAC y muchos otros”.
¿Qué ocurre cuando una resolución judicial incomoda al poder?
— Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) October 9, 2026
La jueza federal María Citlallic Vizcaya Zamudio fue suspendida de sus funciones después de intervenir en asuntos de alto impacto en Zacatecas.
Desde JUFED condenamos esta decisión y advertimos sobre el uso de los… pic.twitter.com/fATYKiHWFZ
De la persecución a Martha Magaña al sometimiento en Zacatecas
La sanción contra María Citlallic Vizcaya Zamudio se suma a la sistemática embestida disciplinaria ejercida desde el aparato gubernamental contra juzgadores independientes, un patrón que evoca de manera directa el caso emblemático de la exjueza federal Martha Magaña. Como se ha documentado, Magaña enfrentó un procedimiento disciplinario promovido por la Secretaría de Gobernación tras convertirse en la primera juzgadora en conceder una suspensión provisional contra la Reforma Judicial en 2024, viéndose forzada a fijar su residencia en España y a comparecer de forma remota ante el mismo Tribunal de Disciplina mientras en las calles de la capital se exigen audiencias públicas y un alto al hostigamiento.
Ambos casos confirman las advertencias sobre los más de 240 expedientes abiertos contra jueces, magistrados y personal administrativo que han frenado decisiones o megaproyectos del oficialismo. Al igual que ocurrió con Martha Magaña, la suspensión impuesta a la jueza Vizcaya Zamudio por sus resoluciones en Zacatecas demuestra que el Tribunal de Disciplina Judicial está siendo utilizado para amedrentar a los juzgadores que no se alinean con el régimen.