La indignación política tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se ha hecho esperar. El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, calificó como "antidemocrática y autoritaria" la determinación de los ministros de validar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial.
Para la oposición, este fallo no es un avance en la lucha contra el crimen, sino la culminación de un andamiaje legal diseñado para la persecución de adversarios políticos, vulnerando de tajo la presunción de inocencia.
El "despropósito" de la sospecha: La sombra de Venezuela
Manuel Añorve fue tajante al señalar que esta resolución echa abajo protecciones judiciales que ya existían, dejando el patrimonio de los mexicanos a merced de una simple sospecha administrativa. "Es un despropósito. Esta es la construcción del Estado autoritario que Morena ha venido confeccionando desde el sexenio pasado", sentenció el líder priista.
El nuevo golpe de la Suprema Corte: Congelar cuentas a través de la UIF sin una orden
El senador comparó la nueva facultad de la UIF con los métodos de control financiero utilizados en Venezuela, donde el bloqueo de cuentas se activa bajo criterios políticos y no jurídicos. Según Añorve, el hecho de que la mayoría de los ministros permitieran estas sanciones "solo por sospecha" representa un peligro real para la democracia en México y una herramienta de extorsión institucionalizada.
El fallo de la SCJN: Bloqueo de cuentas sin control judicial
La controversia surge a raíz de la resolución de la Suprema Corte que declaró constitucional el Artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. En una votación dividida de 6 a 3, el máximo tribunal del país determinó que la UIF tiene la facultad de actuar de manera unilateral cuando existan indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, eliminando el requisito de una orden emitida por un juez.
Esta medida fue impugnada originalmente por senadores de oposición, quienes advirtieron que otorgar este "superpoder" a una autoridad administrativa viola principios fundamentales como el debido proceso, la audiencia previa y la seguridad jurídica. Con el aval de la Corte, el brazo fiscalizador de Hacienda tiene ahora el camino libre para inmovilizar activos sin supervisión judicial, un precedente que, según analistas y legisladores, deja al ciudadano en un estado de indefensión total frente al poder del Estado.
