Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California y actual líder del Partido del Trabajo (PT) en la entidad, al encontrar indicios de su probable responsabilidad en delitos que habrían comprometido las finanzas del estado por las próximas tres décadas.
El proceso penal se centra en las irregularidades detectadas durante su gestión para la creación de una planta fotovoltaica en Mexicali, un proyecto que, a pesar de los compromisos financieros establecidos, jamás llegó a materializarse.
¿De qué acusan a Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California?
La autoridad judicial determinó que el exsenador deberá enfrentar un proceso formal bajo los siguientes cargos:
- Peculado: Por el presunto desvío de recursos públicos hacia fines distintos a los establecidos.
- Abuso de autoridad: Al exceder las facultades de su encargo para favorecer la firma de contratos.
- Ejercicio ilícito de atribuciones: Por autorizar pagos y compromisos financieros sin contar con el respaldo legal o técnico necesario.
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— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 24, 2026
Caso Next Energy: El contrato de la "planta fantasma" en Mexicali
El expediente de la investigación señala que Bonilla autorizó un contrato con una empresa privada para la construcción de una planta de energía solar que suministraría electricidad al estado: sin embargo, las condiciones de dicho acuerdo han sido calificadas como perjudiciales para el erario:
El contrato obligaba al estado a pagar más de 120 millones de pesos por un periodo de 30 años; parte de los pagos pactados provendrían de fondos etiquetados por la Federación para el estado, comprometiendo así recursos federales de salud, seguridad o infraestructura.
A pesar de los acuerdos y la asignación de recursos, la planta fotovoltaica en Mexicali nunca fue construida, dejando un vacío operativo y una deuda vigente.
La vinculación a proceso de quien fuera uno de los fundadores de Morena en el estado y ahora pieza clave del PT, sacude el tablero político de cara a los próximos procesos electorales. Aunque el proceso se llevará a cabo conforme a derecho, la fiscalía ha solicitado medidas cautelares para garantizar que el exfuncionario no evada la acción de la justicia mientras se desahogan las pruebas.
