El martes 5 de noviembre, los ciudadanos de Los Ángeles decidirán si desean implementar un impuesto a las ventas que afectará la financiación de los programas para personas sin hogar en el condado. Bajo el nombre de "Medida A", este proyecto propone derogar el actual impuesto de un cuarto de centavo y reemplazarlo por uno de medio centavo.
Este cambio, que en principio puede parecer menor, generaría más de mil millones de dólares anuales para refugios, viviendas y servicios esenciales para los homeless. Si no se aprueba, el impuesto actual que financia muchos de estos servicios expirará en el 2027 y el sistema de asistencia a estas personas correría un gran riesgo.
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Con más de 75,000 personas sin hogar en el condado, esta decisión tendrá un impacto directo en la capacidad de Los Ángeles para combatir la crisis. A pesar de la inversión anterior, algunos críticos cuestionan si aumentar los impuestos es la mejor solución.
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¿Qué implica la Medida A en Los Ángeles?
La Medida A no solo busca continuar con el financiamiento de los servicios actuales, sino también expandir los recursos disponibles para la construcción de nuevas viviendas asequibles. Aproximadamente un tercio del dinero recaudado se destinaría a la Agencia de Soluciones de Vivienda Asequible del Condado de Los Ángeles, con el objetivo de evitar desalojos y promover nuevos proyectos.
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Este nuevo impuesto incluiría medidas de supervisión, con dos organismos responsables de evaluar y gestionar los fondos, para asegurarse de que los programas sean efectivos. La inclusión de estos grupos pretende aumentar la transparencia del gasto público.
El debate sobre el aumento de impuestos en Los Ángeles
Si bien muchos defensores apoyan la medida y argumentan que es crucial para abordar la crisis de personas sin hogar, los críticos señalan que el condado de Los Ángeles ya tiene algunos de los impuestos más altos en California. La Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis, uno de los principales grupos en contra de la Medida A, sostiene que elevar los costos no es una solución sostenible y que la burocracia excesiva complica la eficiencia del gasto público.
