Un acuerdo anunciado en Palacio Nacional entre el gobierno federal y diversas plataformas digitales para combatir la violencia en internet, particularmente la que afecta a las mujeres, ha abierto un intenso debate público. Mientras algunos sectores consideran que se trata de una medida necesaria ante el incremento de agresiones en redes sociales, otros advierten que podría convertirse en una herramienta de censura contra voces críticas.
El convenio establece un protocolo que permitiría retirar imágenes, publicaciones o contenidos que sean considerados como violencia digital contra las mujeres. Se trata de un mecanismo que, según se explicó durante el anuncio oficial, busca fomentar espacios digitales más seguros y reducir prácticas como el acoso, la difamación o la exposición agresiva en redes.
Sin embargo, la iniciativa también ha despertado inquietudes entre periodistas, analistas y usuarios de internet, quienes señalan que la línea entre proteger a las víctimas y limitar la libertad de expresión puede ser extremadamente delgada.
La delgada línea entre protección y censura
Diversas voces han advertido que, aunque el objetivo del acuerdo parece legítimo, existe el riesgo de que su aplicación derive en decisiones arbitrarias sobre qué contenidos deben eliminarse de internet.
En un entorno digital donde la crítica política y el debate público suelen ser intensos, algunos temen que las normas para combatir la violencia puedan ser utilizadas para silenciar opiniones incómodas o críticas hacia el gobierno.
La periodista Dalila Escobar, del semanario Proceso, expresó preocupaciones sobre esta posibilidad y sobre lo que considera una falta de congruencia dentro de algunos sectores del propio poder público.
Durante su intervención, señaló que quienes denuncian la violencia digital en ocasiones también participan en dinámicas similares desde sus propias plataformas.
“A quienes nos dedicamos a esto venimos a hacer un trabajo que después en redes sociales se intenta denostar… aquí mismo hay personas violentadoras que han utilizado sus redes sociales y sus medios de comunicación para cometer este tipo de cuestiones”, señaló.
Señalamientos y cuestionamientos dentro del propio sistema
Escobar también cuestionó que algunos funcionarios o comunicadores cercanos al gobierno promuevan discursos contra la violencia digital mientras, al mismo tiempo, toleran o reproducen contenidos que pueden interpretarse como agresivos o descalificadores.
Entre sus críticas mencionó casos relacionados con producciones transmitidas desde medios públicos que, según su postura, han recurrido a parodias o contenidos que podrían interpretarse como ataques hacia determinadas figuras.
Este tipo de situaciones, argumentan algunos analistas, evidencia una posible contradicción entre el discurso oficial contra la violencia digital y ciertas prácticas que continúan presentes en espacios de comunicación vinculados al poder.
El papel de las plataformas y el debate sobre la libertad de expresión
En paralelo, también se han escuchado posturas que señalan que las redes sociales pueden amplificar discursos de odio o ataques personales, especialmente contra mujeres que participan en la vida pública.
Desde esta perspectiva, el acuerdo con las plataformas buscaría establecer mecanismos de colaboración para moderar contenidos y promover lo que se ha descrito como “buenas prácticas digitales”.
No obstante, críticos del convenio advierten que cualquier política de moderación debe aplicarse con criterios claros y transparentes para evitar que se convierta en un instrumento que limite el debate político.
