Por poner en riesgo el derecho a un medio ambiente sano, un juez especializado concedió a una organización civil el primer amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica. La decisión puede ser impugnada ante un tribunal federal e incluso llevada hasta la Suprema Corte donde ya hay un pronunciamiento al respecto.
En su sentencia, el juez Juan Pablo Gómez Fierro argumentó que la reforma restringe y modifica los incentivos existentes para la transición energética, además de no contemplar inversiones propias para alcanzar dicha transición.
¿A qué se comprometió México en el acuerdo de París?
Incluso explicó que, en el Acuerdo de París, el Estado Mexicano asumió el deber de hacer frente al cambio climático por medio de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. México se comprometió, entre otras cuestiones, a reducir el 22% de dichos gases y el 51% de carbón negro, así como a generar el 35% de energías limpias para el 2024 y 43% para el 2030.
“Si se analiza la ley reclamada como sistema, es posible advertir que incorpora diversos criterios para la asignación y despacho de las centrales eléctricas dentro del mercado eléctrico mayorista (MEM) que, normativamente, restringen la participación de las centrales eléctricas de particulares, en beneficio de las operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que, como se verá, no solo tiene consecuencias en el ámbito de la libre competencia y concurrencia sino, como se plantea en este caso, en el ámbito del derecho a un medio ambiente sano”, expuso.
Hay más amparos de la industria eléctrica por resolver
Para el juez Gómez Fierro dichas restricciones abiertamente contradicen el mandato constitucional de procurar la protección y cuidado al medio ambiente, así como incorporar mejores prácticas en los temas de eficiencia en el uso de energía, disminución en la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, eficiencia en el uso de recursos naturales, baja generación de residuos y emisiones, así como la menor huella de carbono en todos sus procesos.
El amparo fue concedido a la agrupación Centro Mexicano de Derecho Ambiental y aún está pendiente que en ese y otros juzgados se resuelvan los amparos promovidos por empresas privadas del sector eléctrico.
