Un juez federal aceptó analizar el amparo promovido por una empresa tabacalera que impugna el decreto presidencial mediante el cual se prohíbe la comercialización y circulación de vapeadores y cigarros electrónicos en territorio nacional.
El titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Francisco González Mendoza admitió a trámite la demanda de la compañía Tabacos Desvenados la cual solicitó frenar el acuerdo del Ejecutivo Federal.
Según registros judiciales el juzgador no se pronunció por otorgar o negar una suspensión provisional que pueda suspender el decreto presidencial y fijó para el próximo 22 de julio la realización de la audiencia constitucional en la cual podría resolver sobre el fondo del amparo.
El decreto presidencial prohíbe la comercialización y circulación de vapeadores al interior de la República
En su demanda la empresa pidió la protección de la justicia contra el decreto “por el que se prohíbe la circulación y comercialización en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina, sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares y mezclas utilizadas en dichos sistemas”.
Fue desde febrero de 2020 cuando de manera inicial se prohibió la importación y comercialización de vapeadores sin embargo, un año después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revirtió la medida por atentar contra el libre desarrollo de la personalidad.
El pasado 31 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un nuevo decreto que indica que no se podrán comercializar los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarros electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas.
Para el Ejecutivo Federal dicha prohibición tiene como unos de sus objetivos primordiales la protección de los derechos humanos de la vida, la seguridad y la salud de toda la población mexicana, ya que cualquier tipo de “vapeadores” afecta de forma general a la sociedad,
