Ciudad de México. Quince minutos antes de la hora marcada para las elecciones,el Instituto Nacional Electoral (INE) canceló tres candidaturas de aspirantes que falsearon su declaración 3 de 3 contra la Violencia.
Los consejeros determinaron retirarle la candidatura a Ana Ayala Leyva, aspirante a una diputación federal de la coalición Juntos Haremos Historia por el Distrito 2 de Sinaloa, junto a Guillermo Chapman, de Morena quien aspiraba a una diputación federal de Representación Proporcional.
El tercer sancionado con la pérdida de su candidatura es Raúl Tadeo Nava, del Distrito 3 de Morelos, y quien buscaba una curul en San Lázaro por el PT.
Los consejeros dieron 48 horas para sustituirles. El INE comprobó que cada uno de los involucrados tiene sentencias firmes por agresiones políticas contra mujeres en razón de género y le mintieron a la autoridad electoral.
3 de 3 vs violencia
El INE investigó a una muestra de mil 177 aspirantes de los más de 20 mil candidatos que tienen como obligación firmar una declaración 3 de 3 contra la violencia.
Ese nuevo requisito impide que pueda ser aspirante cualquier personas que haya sido condenada por violencia política, violencia intrafamiliar, agresión sexual o ser deudor alimentario.
Falsear esa declaración es causal de cancelación de la candidatura.
Lo investigan; es candidato.
Los consejeros, sin embargo, han quedado atados de manos ante el caso del candidato del PRD, Rogelio Franco, quien tiene dos carpetas de investigación por violencia intrafamiliar y cuenta con un amparo en ese proceso.
No obstante el candidato está bajo una prision preventiva de ocho meses por ultrajes a la autoridad.
La determinación del INE sostiene que el aspirante no ha sido sancionado por lo que su candidatura quedó firme.
Deudor alimentario se va
En otro caso un deudor alimentario, Marco Silva, preferio desistir voluntariamente a sus aspiraciones políticas luego que fuera denunciado por la ciudadana, Jenytzin Zavala. El PVEM presentó la sustitución el pasado 16 de abril.
En la sesión de este miércoles hubo un fuerte reproche a las instituciones que hicieron caso omiso a la información solicitada para corroborar los antecedentes no violentos de los aspirantes investigados.
