En el corazón del fraccionamiento “Virginia”, el histórico Estadio Luis “Pirata” Fuente se ha transformado en un símbolo de irregularidades financieras. A pesar de las evidencias documentales, las sanciones oficiales siguen sin llegar.
Han pasado más de cuatro meses desde que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó un presunto daño patrimonial superior a los 2 mil millones de pesos en la cuenta pública estatal, de los cuales 160 millones de pesos corresponden directamente a las fallas y errores de diseño en la rehabilitación del estadio.
Hasta la fecha, el gobierno encabezado por Rocío Nahle no ha fincado responsabilidades legales contra ningún funcionario o contratista.
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Frente a la exigencia de rendición de cuentas, las autoridades fiscalizadoras han optado por la cautela. Delia González Cobos, Auditora General del ORFIS, minimizó la urgencia de las sanciones:
“Debe darse oportunidad al ente fiscalizable para que pueda hacer las aclaraciones respectivas... porque el Congreso determinó un presunto daño patrimonial, no quiere decir que esto efectivamente sea”, justificó la funcionaria.
Mientras los plazos burocráticos se extienden, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) reporta que la magna obra acumula un sobrecosto que supera los mil 600 millones de pesos, consolidando al inmueble como un “elefante blanco” para el erario veracruzano.
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A los problemas de infraestructura se suma la incertidumbre administrativa. El gobierno estatal anterior, bajo la administración de Cuitláhuac García, entregó la administración del estadio en comodato a la empresa C.F. Veracruzano S.A. de C.V.
El contrato es claro en su cláusula decimocuarta: el comodatario está obligado a formar parte de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) para operar; de lo contrario, la propiedad del inmueble debe revertirse al Estado.
Al día de hoy, la empresa particular no ha emitido ninguna postura oficial sobre el futuro del fútbol profesional en Veracruz, y el estadio permanece inoperante para el deporte, pues fue utilizado por última vez para un concierto en septiembre de 2025.
Aunque la actual administración se comprometió a corregir los detalles estructurales y regresar el fútbol al puerto, los vecinos de Boca del Río siguen esperando una explicación clara sobre el uso de sus recursos públicos y la aplicación estricta de la ley.
