Tras la tragedia del Tren Interoceánico, el debate público se ha dividido en dos frentes: la indignación moral de la Presidenta por la cobertura mediática y, lo más urgente, la ruta jurídica para deslindar responsabilidades penales. ¿Qué sigue ahora? La investigación está ya en la cancha de la Fiscalía General de la República (FGR), pero el camino hacia la justicia apunta a una cadena de irregularidades que llega hasta el círculo familiar del expresidente .
El deslinde de responsabilidades: “El que firma, paga”
Jurídicamente, el foco rojo está en los contratos. Según el abogado penalista Adrián Arellano Regino, la responsabilidad legal no es etérea, sino documental:
“Aquellas personas que tienen que rendir cuentas en la Fiscalía General de la República serán las que están en los papeles y contratos involucrados en esta situación...”. Esto implica que la FGR deberá citar a quienes firmaron las autorizaciones, compras y supervisiones de la obra.
Un dolor imborrable tras el descarrilamiento
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 31, 2025
Familias de las víctimas que perdieron la vida tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico exigen justicia debido a estos hechos.
Exigen que la FGR no se olvide de indagar al supervisor de la obra, el hijo del expresidente AMLO.… pic.twitter.com/UIybgDLwoY
La línea de investigación: Materiales y “amiguismos”
El caso se complica porque existen pruebas previas. Se debe tomar en cuenta los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que ya revelaban que la obra fue mal planeada y contaba con malos materiales, específicamente la piedra (balasto) que va debajo de las vías.
Aquí es donde entra la exigencia política y legal de investigar a Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, quien fungió como supervisor honorífico, y a su amigo Amílcar Olán, proveedor del balasto.
El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, exige que la indagatoria alcance estas influencias:
”...Ocupó su cargo para influir en la administración y el otorgamiento de contratos... No se puede permitir el influyentismo, el tráfico de influencias y la corrupción de la familia López Beltrán y de sus amigos...”.
El conflicto de interés: ¿Juez y parte?
Para los familiares de las víctimas, el principal obstáculo jurídico es que “el gobierno deje de investigar al gobierno”. Existe desconfianza sobre la autonomía de la FGR para investigar a un hijo del expresidente.
Ares Edgardo Jiménez, primo de una víctima, lo resume así:
”...Que se aclare, nada más, aquí hay culpables... si fue el que fabricó la máquina, no sé, alguien tiene que ver ahí, tienen que traer a gente experta...”. El analista legislativo Enrique Randolph advierte que, en otros países, en estos incidentes intervienen entes autónomos:
”...Se tienen que realizar auditorías externas y de manera extensa para saber en realidad qué es lo que sucedió... y se tienen que cerrar los sistemas ferroviarios donde la Cuarta Transformación tuvo injerencia...”.
Mientras la exigencia legal crece, la presidenta Claudia Sheinbaum ha centrado su discurso en la ética periodística, indignada por la publicación de fotografías de las víctimas:
”...Qué falta de pudor periodístico... qué falta de humanidad... es una bajeza...”. Sin embargo, para los deudos y expertos, la verdadera “bajeza” sería que la carpeta de investigación ignore las irregularidades en los contratos y la supervisión de la obra.
