Las declaraciones de Donald Trump sobre que “los cárteles gobiernan México” volvieron a encender la polémica tanto en territorio mexicano como en Estados Unidos. Aunque la frase causó indignación entre algunos sectores políticos, otros consideran que el republicano se refiere a la creciente influencia del crimen organizado en elecciones, gobiernos municipales y estructuras de poder en varias regiones del país.
El tema tomó fuerza luego de diversas acusaciones y señalamientos relacionados con presuntos vínculos entre políticos y grupos criminales, especialmente en Sinaloa, donde el gobernador Rubén Rocha Moya ha sido mencionado en investigaciones y críticas impulsadas desde Estados Unidos.
¿Por qué Trump dice que los cárteles gobiernan México?
Uno de los principales argumentos que utilizan quienes respaldan la declaración de Trump es la presunta intervención del narcotráfico en procesos electorales.
Desde hace varios años, partidos de oposición, analistas y organismos civiles han denunciado amenazas, desapariciones y ataques contra candidatos y funcionarios municipales en distintos estados del país.
Incluso la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, llegó a reconocer públicamente la dificultad para competir políticamente sin apoyos poderosos.
“Ahora casi tienes que ser narco o tener muchos padrinos para poder competir”, declaró la mandataria. En estados como Sinaloa, las acusaciones señalan que grupos criminales habrían influido en elecciones municipales y legislativas, además de ejercer presión en zonas donde la ciudadanía teme denunciar por amenazas o violencia.
Violencia, desapariciones y control político en municipios
Otro de los puntos que alimenta esta narrativa es el control territorial que ejercen organizaciones criminales en distintos municipios del país.
En varias regiones de México se han documentado casos de alcaldes amenazados, funcionarios privados de la libertad e incluso asesinatos relacionados con disputas criminales.
La diputada local de Sinaloa, Paola Gárate, denunció públicamente haber sido víctima de un secuestro temporal y describió el hecho como “más de nueve horas de infierno”.
También existen señalamientos sobre policías municipales presuntamente infiltradas o sometidas por grupos delictivos, lo que ha provocado fuertes críticas sobre la capacidad del Estado para mantener el control de la seguridad pública.
Especialistas y figuras políticas han advertido sobre un fenómeno conocido como “captura del Estado”, donde organizaciones criminales logran influir en instituciones públicas, presupuestos y estructuras gubernamentales.
La exintegrante del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez, calificó esta situación como “corrupción e impunidad en su máxima expresión”.
Además, legisladores de oposición han cuestionado la presencia de personajes señalados por presuntos vínculos con grupos criminales en espacios de poder federal.
Uno de los nombres más mencionados es el del senador Enrique Inzunza Cázarez, quien ha sido objeto de críticas y acusaciones por parte de adversarios políticos.
Políticos de Estados Unidos también lanzan acusaciones
Trump no es el único político estadounidense que ha sostenido públicamente que el crimen organizado tiene un fuerte control sobre México.
El senador Ted Cruz afirmó que “México está gobernado por esos cárteles”, mientras que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha insistido en catalogar a los grupos criminales como organizaciones terroristas.
Por su parte, Marco Rubio también ha señalado que amplias regiones del territorio mexicano están bajo control del narcotráfico.
Estas declaraciones han generado tensión diplomática y debate político, especialmente porque el gobierno mexicano rechaza categóricamente que el país esté controlado por los cárteles.
Mientras en México continúan los enfrentamientos políticos por las acusaciones contra funcionarios y gobernadores, en Estados Unidos el discurso sobre el poder de los cárteles se ha convertido en un tema recurrente rumbo a los próximos procesos electorales.
La violencia en estados como Sinaloa, las denuncias de amenazas en elecciones y las investigaciones abiertas han alimentado una percepción internacional cada vez más crítica sobre la seguridad y la gobernabilidad en el país.
