FGE Tabasco alista denuncia contra Hernán “N”, presunto líder de La Barredora, por desaparición forzada

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco alista el cierre del cerco procesal contra el exsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de la entidad, Hernán “N”. El titular de la dependencia, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, confirmó que este jueves se presentará de manera formal la acusación en contra del exfuncionario estatal, imputándole de forma directa su presunta responsabilidad penal en el delito de desaparición forzada. El fiscal enfatizó que la institución mantendrá el debido proceso, respetando la presunción de inocencia del imputado mientras se desahogan las etapas judiciales correspondientes.

Las autoridades estatales prevén que la audiencia de apertura del juicio oral tenga lugar antes de que concluya el año 2026, una vez que el órgano jurisdiccional fije la fecha definitiva en la agenda procesal. Debido a rigurosos protocolos de seguridad y complicaciones logísticas, el juicio no se llevará a cabo de manera presencial en los juzgados locales; las diligencias se desahogarán mediante la modalidad de videoconferencia en enlace directo con el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”, penal de máxima seguridad en el Estado de México donde el exmando policiaco permanece recluido tras su captura e extradición desde Paraguay.

El avance del expediente por desaparición forzada representa uno de los pilares clave en la estrategia de rendición de cuentas contra la antigua cúpula de seguridad en Tabasco. Hernán “N” fue vinculado a proceso por este caso en abril de 2026, momento en que el juez de control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó los plazos para la investigación complementaria. No obstante, este no es el único frente legal que encarando el exservidor público.

De manera paralela, el exsecretario enfrenta un segundo paquete de imputaciones de alta gravedad que incluye los delitos de secuestro agravado, extorsión agravada y asociación delictuosa. Por este expediente consolidado, la Fiscalía General del Estado ha solicitado formalmente al tribunal una pena acumulada de hasta 154 años de prisión, marcando un precedente en la persecución de la corrupción y el crimen organizado incrustado en las estructuras policiales de la entidad.