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Promesa incumplida: La realidad detrás de las Gasolineras Bienestar

Las Gasolineras Bienestar, anunciadas como una solución económica para comunidades vulnerables, enfrentan serias irregularidades en Puebla. Aquí los detalles.

A pesar de que el proyecto de las Gasolineras Bienestar surgió en el año 2021 con la promesa gubernamental de ofrecer hidrocarburos a costos reducidos en comunidades apartadas o con carencias sociales, la realidad operativa actual en entidades como Puebla muestra un panorama distinto al proyectado inicialmente.

Gasolineras Bienestar enfrentan críticas por precios que superan a los del mercado convencional

Diversos testimonios y análisis técnicos sugieren que estas estaciones no cumplen con la premisa de ser una alternativa económica para los usuarios, ya que sus tarifas se mantienen en niveles equivalentes a los del mercado convencional. Incluso, al realizar un cotejo detallado de los montos exhibidos al público, se observa que en municipios como Cuetzalan, donde operan tres puntos de venta, los precios de la variante administrada por el Estado superan por algunos centavos a los de las compañías competidoras en todos sus productos.

Desde el punto de vista estético y funcional, estas unidades de negocio son difícilmente distinguibles de las franquicias tradicionales de la petrolera estatal, conservando una imagen casi idéntica con la única salvedad de un rótulo que las identifica bajo el programa del Bienestar.

No obstante, las discrepancias más profundas no residen en su apariencia o en el costo del litro, sino en las condiciones técnicas y legales bajo las cuales fueron edificadas.

Falta de autorizaciones ambientales genera preocupaciones sobre la seguridad

Expertos en la materia han manifestado una preocupación considerable respecto a la seguridad y el cumplimiento normativo de estas obras. Se ha detectado que en localidades como Coetzala el proceso de construcción omitió la entrega de estudios de impacto y riesgo ambiental, recurriendo únicamente a informes de carácter preventivo.

Esta falta de rigor administrativo implica que ninguno de los seis establecimientos de este tipo que operan actualmente en el territorio nacional cuenta con las autorizaciones necesarias en materia ambiental.

Los analistas advierten que tratar de reducir costos en la infraestructura de sitios destinados al manejo de materiales peligrosos es una decisión sumamente riesgosa. No se trata simplemente de puntos de distribución de bienes de consumo básico, sino de instalaciones que gestionan líquidos inflamables, tóxicos y con alto potencial explosivo que pueden comprometer seriamente la integridad física de las personas y la salud pública.

Ubicación geográfica de las gasolineras cuestiona su eficacia en comunidades necesitadas

Asimismo, existe una alerta latente sobre la capacidad de contención de estas estaciones ante eventuales fugas . De no contar con sistemas adecuados para retener vertidos accidentales, sustancias como grasas y lubricantes podrían filtrarse hacia las redes de alcantarillado o, de forma más grave, hacia el terreno profundo, alcanzando y contaminando depósitos naturales de agua subterránea.

Aunque el modelo de negocio se basa en un sistema de cooperativas destinado a fomentar la justicia social y generar fuentes de trabajo locales, su ubicación geográfica también ha sido objeto de cuestionamientos. En lugar de localizarse en parajes aislados donde el acceso al combustible fuera limitado, las estaciones se encuentran en sectores conurbados donde la oferta ya estaba cubierta por el sector privado.

Con una inversión acumulada que sobrepasa los trescientos millones de pesos, la eficacia y el beneficio real de este esquema permanecen bajo el escrutinio de la opinión pública.

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