La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció el inicio de una investigación exhaustiva e histórica sobre los procesos de adquisición y servicios contratados por las autoridades electorales de todo el país. A través de un comunicado oficial, el órgano fiscalizador detalló tres líneas de trabajo clave en desarrollo para indagar el ejercicio del gasto público en el Instituto Nacional Electoral (INE), el antiguo Instituto Federal Electoral (IFE) y la totalidad de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).
De acuerdo con la institución, las acciones derivan de trabajos de inteligencia y del análisis a la información requerida a las entidades federativas, los cuales permitieron advertir la comisión de múltiples irregularidades históricas en el uso del erario. La investigación incluye una auditoría integral al INE, la revisión del gasto federalizado en los OPLEs y la apertura de investigaciones de oficio sobre diversas contrataciones públicas registradas en dichos entes.
La #ASF informa: pic.twitter.com/OdIAOXpO5o
— Auditoría Superior (@ASF_Mexico) November 4, 2026
El rastreo histórico de contrataciones y proveedores de 2000 a 2025
El punto central del plan de fiscalización contempla un estudio a fondo de las adquisiciones realizadas en un periodo de 25 años, abarcando desde el año 2000 hasta el 2025. El objetivo de este análisis histórico es identificar y dar a conocer patrones de contratación, dinámicas de concentración de proveedores y prácticas ilegales cometidas por parte de grupos empresariales o servidores públicos en el ejercicio del dinero público.
La ASF enfatizó que estas acciones se llevan a cabo en el marco de sus atribuciones constitucionales, con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad. La investigación busca desmantelar esquemas opacos que operaron durante años en los órganos electorales federales y locales, sentando un precedente de rendición de cuentas sobre la asignación de contratos en el país.