Un capitán de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y tres marinos buscan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice su caso y anule la sentencia de nueve años y cuatro meses de prisión tras haber sido hallados responsables del delito de desaparición forzada en agravio del civil en Nuevo León.
Se trata del capitán Raúl Enrique Sánchez Labrada, así como los marinos Alfi Ahumada Espinoza, Carlos Adán Verdugo Camarillo y Eliseo Sánchez Patrón quienes fueron responsabilizados por la desaparición del joven Armando del Bosque el 3 de agosto de 2013 en la comunidad Colombia del municipio de Anáhuac, Nuevo León.
El proyecto será elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat
Según registros del máximo tribunal del país será la ministra Margarita Ríos Farjat la que elabora un proyecto de sentencia sobre la petición de amparo de los cuatro integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) luego de que el 1 de marzo la Primera Sala de la Suprema Corte aceptó ejercer su facultad de atracción para conocer del asunto por mayoría de cuatro votos.
“Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se avoca a conocer del juicio de amparo directo 172/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito. Túrnese este asunto para su estudio a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, conforme a lo acordado en la mencionada sesión ordinaria”, señala el acuerdo del máximo tribunal.
Según registros judiciales, el 3 de agosto de 2013, Del Bosque fue sacado de su automóvil por elementos de la Marina y subido a un automóvil oficial, en presencia de varios testigos, entre ellos dos agentes de la policía municipal.
Posteriormente, su papá Humberto del Bosque, acudió a la base de la Secretaría de Marina Armada de México, sitio en el que el capitán Sánchez Labrada le notificó que su hijo había sido detenido.
Después del encuentro no se le dio más información e incluso fue amenazado. Tres meses después fue encontrado el cuerpo de Armando a dos kilómetros de la base.
A pesar de que en un inició se impuso a los marino la sentencia de 22 años de cárcel, un tribunal les redujo la penalidad a nueve años y cuatro meses tras una apelación.
El caso llegó hasta la Suprema Corte con el objetivo de anular la sentencia.
