Ciudad de México. El Gobierno de la CDMX formuló una propuesta de reglamento de cementerios, crematorios y servicios funerarios que se publicará en las próximas semanas.
Autoridades capitalinas explicaron que entre las disposiciones planteadas se encuentran preservar la memoria de los difuntos a través de un Memorial en los cementerios de la CDMX, así como el establecimiento de un sistema de registro de inhumaciones y exhumaciones, además del procedimiento para estas últimas y para el retiro de restos humanos.
El Jefe de Oficina de la Jefatura de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, dijo que se garantizará el derecho a preservar la memoria de los muertos de manera digna, así como brindar seguridad ciudadana y sanitaria para quienes ejercen ese derecho recordando a sus difuntos.
“Los cementerios, a través de este reglamento, adquieren esa calidad de ser escenario de ejercicio de derecho a la memoria trascendental, que trasciende, en caso de los fallecidos, y social, que ampara el ejercicio de recordar con dignidad, con seguridad y con sanidad a los muertos”, expresó Suárez del Real.
Por su parte, el consejero Jurídico y de Servicios Legales, Nestor Vargas Solano, advirtió sobre una regulación muy rígida para los concesionarios, ya que tiene la obligación de tener una administración responsable tanto en cementerios, como en crematorios.
Las alcaldías seguirán siendo responsables de la operación y el funcionamiento de cementerios y crematorios a su cargo, y cuando tengan información de hechos que constituyan la alteración de restos humanos, deberán presentar la denuncia ante la FGJ de la Ciudad de México.
La seguridad en los cementerios y crematorios corresponde a las alcaldías el control de accesos, la vigilancia perimetral, disponer de videovigilancia con conectividad al C5 las 24 horas del día.
Penas para quien infrinja la ley
Asimismo el consejero jurídico informó que se enviará al Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal para aumentar las penas a quien sepulte o exhume un cadáver o restos humanos sin los requisitos legales, así como cuando quien participe tenga la calidad de servidor público o empleado de agencia funeraria.
Las penas podrían ir de 5 a 10 años de prisión para quien transporte o comercialice, sin la autorización correspondiente, personas fallecidas o restos humanos. Además se plantea imponer una pena de dos terceras partes cuando quien participe sea un servidor público o empleado de cementerio o de alguna agencia de servicios funerarios.
El castigo propuesto para quien exhume, oculte, destruya o sepulte personas fallecidas o restos humanos din los requisitos de ley será de 2 a 8 años. En la actualidad ed de 3 meses a 2 años.
