El representante del partido SOMOS, Marco Antonio Baños, presentó una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por campañas anticipadas por parte de Morena y sus aliados. Esto, después del cierre del proceso interno para definir a sus "coordinadores estatales" en 17 estados. Asimismo, exigió a la autoridad electoral una fiscalización exhaustiva e inmediata sobre el origen y destino del financiamiento utilizado en estos actos adelantados, urgiendo al Consejo General a no omitir sus facultades constitucionales de supervisión y sanción.
A este reclamo se sumó Emilio Suárez, representante del PRI, quien reprochó al INE no haber expedido con oportunidad los lineamientos para regular estos proselitismos. Suárez advirtió que el daño a la equidad de la contienda está consumado, señalando que la propia titular del Ejecutivo reconoció públicamente a los coordinadores como virtuales candidatos a gobernadores desde una mañanera en Puebla.
El legislador tricolor enfatizó que lo no detectado ni contabilizado en su momento difícilmente podrá corregirse ahora que los procesos internos concluyeron, por lo que exigió una autoridad más proactiva que ejerza plenamente sus facultades de verificación para sancionar las infracciones cometidas por Morena y sus aliados.
Representante del partido SOMOS, Marco Antonio Baños
Exigen cuentas claras sobre el gasto en los "defensores de la transformación"
Durante la sesión del Consejo General, los representantes opositores cuestionaron la falta de suficiencia en la información presentada por el INE respecto a cómo se fiscalizarán los eventos y la propaganda desplegada de forma anticipada. Baños y Suárez recordaron que el informe presentado en la sesión anterior estaba incompleto, misma situación que motivó observaciones de fondo por parte del consejero Arturo Castillo, por lo que exigieron que el documento sea reestructurado y presentado nuevamente con todos los agregados.
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La oposición remarcó que mientras el INE fija los plazos formales para la entrega de informes de ingresos y gastos de precampañas, campañas y candidaturas independientes, se mantiene un vacío sobre cómo se garantizará el principio de equidad frente al despliegue de recursos del oficialismo. La exigencia hacia el instituto es clara: si se detectan gastos que beneficiaron directamente a una persona precandidata o candidata bajo la figura de "defensores de la transformación", el INE debe aplicar la ley a plenitud y determinar las consecuencias legales correspondientes.