La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paloma Sánchez, calificó como narcogobernador al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y acusó que todo el aparato del Estado mexicano ha sido puesto a su servicio, luego de que trascendiera que le fueron descongeladas sus cuentas bancarias. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la legisladora priista sostuvo que la impunidad y la protección política brindada por Morena hacia el ejecutivo sinaloense no tienen límites, cuestionando que el gobierno opere para blindarlo pese a los graves señalamientos en su contra.
En el centro de su pronunciamiento, Paloma Sánchez describió como una administración sostenida por el respaldo oficialista para que Rubén Rocha Moya continúe gestionando desde su casa la crisis de ingobernabilidad que atraviesa Sinaloa. De acuerdo con la postura de la senadora del PRI en el Senado, la restitución del acceso a sus recursos financieros confirma que las instituciones públicas actúan bajo consigna política para garantizarle impunidad frente a las acusaciones de vínculos criminales y colapso institucional en la entidad.
Acusaciones de desvío de recursos y 795 días de violencia en Sinaloa
Aunado a los señalamientos de narcogobernador, la senadora priista subrayó que el descongelamiento de las cuentas ocurre precisamente en las semanas en las que se han documentado presuntas redes de triangulación y actos de corrupción dentro de su gobierno. Según lo expuesto por Paloma Sánchez, dichas irregularidades abarcan el otorgamiento de contratos a personas cercanas al círculo del mandatario y el desvío de recursos públicos, por lo que criticó que vuelva a disponer libremente de su dinero.
Finalmente, la legisladora de oposición contrastó el blindaje financiero y político denunciado en torno a Rubén Rocha Moya con la situación de inseguridad que padecen los habitantes de la entidad. Paloma Sánchez advirtió que, mientras el oficialismo protege al gobernador, Sinaloa suma ya 795 días consecutivos de violencia, manteniendo a la población atrapada en una crisis de seguridad sin que exista rendición de cuentas por parte de las autoridades estatales.